Tras la aprobación de la norma en la Asamblea de Madrid, el Gobierno regional enfatizó que esta nueva legislación “va a aumentar la seguridad jurídica” del sector ya que se van a integrar en un único marco legal los aspectos “esenciales” de estas prácticas, que desempeñan un “papel destacado como motores del desarrollo rural y de la lucha contra la despoblación”.

Para el Ejecutivo regional, la ley favorece tanto a los profesionales de la agricultura y la ganadería, como a los aficionados a la caza y la pesca, o a quienes disfrutan del deporte y del ocio en los entornos naturales. Asimismo, introduce medidas para mejorar la gestión de la fauna, como la creación de los Planes de Control Poblacional, una herramienta dirigida especialmente a los ayuntamientos para "gestionar especies sobreabundantes como el jabalí o el conejo fuera de los periodos ordinarios de captura, y prevenir daños en los campos o cultivos".

En materia de pesca simplifica la regulación de las aguas, explicó el Gobierno regional, que quedarán reducidas a tres categorías: cotos, aguas en régimen especial y privadas. Además, pone mayor atención en “ejemplares emblemáticos”, como la trucha en los ecosistemas fluviales, así como en otros de interés para los pescadores en embalses y tramos bajos de los ríos, como la carpa o el lucio.

Actualmente el 71% de la superficie madrileña (572.254 hectáreas) está considerada terreno cinegético, con 45.044 licencias de caza en vigor. En cuanto a la pesca, hay 46.414 permisos activos y 34 tramos regulados que suman 347 kilómetros, gestionados parcialmente en colaboración con entidades locales.

DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR

La normativa también apuesta por "la modernización del sector", mediante la implantación de licencias digitales y procedimientos administrativos electrónicos, a fin de simplificar trámites y mejorar el seguimiento de la actividad. Por otro lado, se actualiza el régimen sancionador: las infracciones leves se castigarán con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.

Por último, en materia de seguridad, esta nueva ley amplía la distancia mínima en la práctica cinegética respecto a núcleos de población de 100 a 150 metros, manteniendo el resto de las limitaciones vigentes. Además, fija por primera vez un tamaño mínimo general de 250 hectáreas para los cotos de caza, independientemente de la modalidad, con la excepción de la caza menor, que podrá autorizarse desde 50 hectáreas con justificación técnica.

Desde el Gobierno regional destacan que el proceso de elaboración de esta ley “ha incluido una amplia participación, junto a la sociedad civil y los sectores involucrados”. Al mismo tiempo, “ha contado con la voluntad de diálogo con todos los grupos parlamentarios y la aportación de las distintas fuerzas políticas, que se han escuchado en siete comparecencias de expertos en comisión”.