Así se pronunció Viciana en una entrevista para Servimedia, en la que señaló que para el Ejecutivo regional esta es una de las decisiones “más desastrosas y más dañinas para el sistema educativo en formación profesional y en la universidad”.

El consejero considera que el hecho de que la cotización de las prácticas no remuneradas sea obligatoria “socava las propias bases de todo el esfuerzo que se ha hecho durante muchísimos años en materia de formación profesional”. Se refirió a “todo el esfuerzo realizado para convencer a las empresas de que de una manera altruista y completamente voluntaria acogieran alumnos en prácticas de formación”.

Así, defendió: “Yo creo que esta medida tiene una finalidad claramente política, excusándose en una supuesta protección de los alumnos tanto de Formación Profesional como universitarios, que no es tal porque son alumnos que ya se encontraban perfectamente protegidos”.

Por ello, cree que esta cotización persigue “maquillar las cifras de cotización a la Seguridad Social para aparecer con mejor aspecto en las estadísticas de la Unión Europea”. Además, aseguró que tiene “un efecto muy perverso”, puesto que “perjudica a los más desfavorecidos”.

PROBLEMAS CON LA COTIZACIÓN

Como ejemplo, comentó que "plantea especiales problemas en la cotización de aquellas personas que no tienen acceso a cuentas bancarias" o "que se encuentran en situación irregular en España”. En este caso, aseguró que se trata de personas “con derecho a la educación” y que este Estatuto estaría “bloqueando ese acceso a las prácticas, que conllevaría a un bloqueo a alcanzar la titulación”.

El consejero manifestó su desacuerdo con la medida pero confesó que “está plasmada en una norma con rango de ley y debemos aplicarla”, pese a que desde la Comunidad de Madrid creen que “las consecuencias están siendo nefastas y ya se están viviendo”.

Viciana resaltó que “hay un gran número de empresas que ya han manifestado que no van a acoger estudiantes en prácticas”, así como de administraciones públicas. “No quieren asumir esa terrible gestión que suponen las altas y las bajas en la Seguridad Social y ponen de manifiesto que esta medida es errónea”, continuó.

Y puntualizó: “El coste de la gestión es el más el más elevado y el más preocupante, no lo está asumiendo nadie, está en manos de las universidades, de los propios centros educativos y de las comunidades autónomas”. “Es un coste elevadísimo en el que nadie nos apoya”, zanjó.