Según informó este sábado el Ejecutivo autonómico, los derribos fueron ejecutados por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a través de la Dirección General de Urbanismo, después del incumplimiento reiterado por parte de los propietarios de las resoluciones administrativas que ordenaban el restablecimiento de la legalidad urbanística.

Las edificaciones se encontraban en una parcela clasificada como “suelo no urbanizable protegido”, afectada además por contaminación derivada de vertidos a cauces públicos, donde la normativa prohíbe expresamente tanto la construcción como la parcelación urbanística.

La actuación se enmarca en el Plan de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid, que en menos de un año ha permitido ejecutar 13 derribos, tres de ellos mediante ejecución subsidiaria por parte de la Administración regional y otros diez de forma voluntaria por sus propietarios.

Además de las demoliciones, la Dirección General de Urbanismo identificó en la misma zona una división ilegal del terreno en 25 subparcelas independientes sin autorización. Los técnicos constataron la existencia de movimientos de tierra, pozos de agua y anuncios de venta, indicios que, según la Comunidad de Madrid, “evidencian un proceso activo de transformación del suelo orientado a la creación de una urbanización residencial ilegal”.

Ante esta situación, la Administración autonómica inició los correspondientes expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionadores.

En el operativo participaron técnicos de la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística, efectivos de la Guardia Civil de Morata de Tajuña y Chinchón, así como agentes de la Policía Local.

La Comunidad de Madrid destacó que estas actuaciones buscan “preservar un espacio tradicionalmente dedicado a cultivos de regadío” que, en los últimos años, ha sufrido “un progresivo deterioro debido al abandono de la actividad agraria y a la aparición de construcciones residenciales dispersas incompatibles con la normativa vigente”.

Dentro del actual Plan de Inspección y Disciplina Urbanística, el Gobierno regional realizó 173 inspecciones, incoado 66 expedientes de disciplina urbanística y 65 sancionadores, además de tramitar 83 requerimientos de información, 308 diligencias previas y 14 expedientes de ejecución subsidiaria.

La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior advirtió de que este tipo de construcciones ilegales “comprometen la protección del territorio, favorecen la degradación de espacios de elevado valor ambiental y generan inseguridad jurídica” para los ciudadanos.