Así lo avanzó durante un encuentro informativo organizado por Europa Press en el que criticó el “reparto de menores” del que se quedaron fuera Cataluña y País Vasco a pesar de que desde el presidente, Pedro Sánchez, está en la Moncloa Madrid “ha atendido a más de 11.000 menores extranjeros no acompañados” y que el sistema de protección está “al límite”.

Reprochó que el Gobierno “lejos de rectificar” ha decidido “imponer un reparto forzoso de menores entre comunidades para contentar a sus socios independentistas”. “A Sánchez no le importan los menores, a Sánchez solo le importa Sánchez. Esto no es casualidad, está perfectamente orquestado para crear una convivencia cada vez más difícil. En el caso de la inmigración, la izquierda alimenta a Vox a través de este conflicto, convirtiéndole en su mejor aliado. Necesitan que el bloque alternativo esté dividido y se extreme para que nunca pueda ganar”, explicó.

Subrayó que el Gobierno “está utilizando la inmigración como moneda de cambio, reduciendo las personas vulnerables a mera mercancía” y mientras tanto, Madrid espera “respuestas” al retorno solicitado para 66 menores “muchos de ellos con perfiles cada vez más conflictivos controlados por las mafias, con consumo elevado de drogas y con niveles crecientes de agresividad”.

En ese contexto, “para evitar que el Gobierno siga mezclando a mayores de edad con menores” y ante “la gravedad que eso supone, tanto para los que sí son menores como para todo el propio sistema de protección de la infancia”, avanzó que la Comunidad va a “denunciar a aquellos adultos que deliberadamente se hayan hecho pasar por menores y que la Fiscalía determine finalmente que no lo eran”.

Dávila expresó que esto es un “fraude de ley que pone en riesgo el sistema de protección, desplaza recursos esenciales y pone en peligro a los menores verdaderamente vulnerables” y que “esta es una práctica habitual de las mafias que aprovechan que el Gobierno de España tiene un sistema que se niega a reformar”. Para el Gobierno regional “estas conductas pueden constituir un delito de estafa” por lo que se actuará “de manera inmediata”.

Dávila afirmó también que se llevará a la justicia “aquellos casos en los que familias eludan su responsabilidad y abandonen a sus hijos menores pretendiendo así que la comunidad actúe como un tutor automático”. “Tampoco vamos a permitir los llamados erasmus de menores no acompañados, menores enviados por sus propios padres para que la administración cargue con sus obligaciones. Esto también es una estafa y también es un abandono”, apuntaló. Concluyó asegurando que Madrid “seguirá siendo tierra de acogida, pero nunca cómplice del desgobierno de Sánchez ni del efecto llamada que está destruyendo el sistema de protección”.