El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó este miércoles un acuerdo para la concesión de indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y psíquicos a este colectivo.

La Ley 9/2022, que modificaba la Ley 5/20218 de Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo, entró en vigor el 1 de enero de 2023. Hasta el final del plazo previsto para presentar solicitudes -30 de septiembre de 2023-, se registraron un total de 1.519.

Al cierre de 2023, se beneficiaron 1.470 víctimas entre las dos normas legales (1.235 con la Ley 5/2028 y 235 con la Ley 9/2022). El Gobierno regional abonó para ello un importe de 65 millones de euros.

La Administración dispone de 12 meses para resolver el expediente desde el momento de la solicitud y el silencio es estimatorio. El pago se realizará en los cuatro años desde la resolución positiva. La cuantía va desde los 200 hasta los 400.000 euros, según el motivo y su grado.

Además de las prestaciones económicas, el Ejecutivo autonómico destina anualmente 300.000 euros para subvencionar a asociaciones, fundaciones, o entidades sin ánimo de lucro, incluidas en el registro regional o estatal, cuyo objeto es la representación y defensa de los intereses de los afectados, así como a sus familias o personas con quienes conviven.