Los usuarios, que reciben la atención de manera gratuita, son personas con discapacidad originada por enfermedades mentales graves y duraderas (esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos paranoides, otras psicosis, etc.), que han sido derivadas desde los Servicios de Salud Mental y presentan mayores dificultades en su funcionamiento psicosocial, autonomía e integración y corren, por tanto, mayor riesgo de deterioro, aislamiento y dependencia.

Las cuatro residencias que se gestionan a través de estos contratos son centros de atención comunitaria con una capacidad de 15 plazas cada uno, para los que se destina un importe conjunto de 4.447.860 de euros. Ofrecen un servicio flexible de alojamiento y manutención que incluye atención psicosocial y apoyo para la mejora de la autonomía, así como para impulsar la integración de personas que no cuentan con respaldo familiar o social.

Para los 30 Centros de Día, que suman un total de 969 plazas, se ha aprobado licitar otros tantos contratos de gestión por un total de 25.097.612 euros. Sus usuarios son personas de entre 18 y 65 años con enfermedades mentales graves y crónicas que presenten deterioros o dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración social. Estos recursos, que tienen una capacidad de entre 30 y 50 plazas, ofrecen soporte social, seguimiento, apoyo comunitario, ayuda a las familias, servicio de comidas y transporte.

Estos contratos derivan del acuerdo marco que fija las condiciones a las que tiene que ajustarse la atención especializada que se presta en estos centros, y se suman a los 21 cuya celebración aprobó el Consejo de Gobierno del pasado 16 de febrero para financiar 599 plazas residenciales por 43,5 millones de euros.