En el primer caso, indicó la Comunidad de Madrid en una nota, se investiga el fallecimiento por arma de fuego de una mujer de 43 años, que fue asesinada junto a una amiga de 70 años en su domicilio de la calle Serrano de Madrid el pasado 20 de junio, presuntamente por su pareja, que posteriormente se suicidó con la misma pistola.

El segundo ocurrió en Parla el 30 de junio, costó la vida a Cristina Teresa Romero, de 18 años, que fue apuñalada reiteradamente por su expareja.

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, previo informe favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, dictó orden por la que se encomienda el ejercicio de acciones jurisdiccionales para personarse en estos procedimientos como acusación particular en calidad de parte perjudicada civilmente, procedimiento del que informó en su reunión de hoy al Consejo de Gobierno.

La Ley 5/2205 contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid dispone el ejercicio de la acción popular en los procedimientos penales por causa de muerte, lesiones graves o mutilación genital. Desde 2020, la Administración autonómica se ha personado en un total de 14 casos.

La red regional de atención integral para víctimas de violencia de género atiende anualmente a unas 17.000 mujeres, de las cuales unas 900 son acogidas y reciben atención integral en centros residenciales.