El motivo principal de la querella, explicada en rueda de prensa por el presidente del PP de Madrid, Pío García-Escudero, y el portavoz del PP en l Senado, Esteban González Pons, son unas declaraciones de Simancas a Telecinco el 16 de junio.

En ellas, tal y como reproduce el escrito, Simancas aseguraba que, detrás de la ausencia de los diputados Eduardo Tamayo y Maite Sáez en la constitución de la Asamblea de Madrid, había una "trama de corrupción" con "conexiones inmobiliarias" y "conexiones del PP". Añadía que el objetivo de esta "trama de corrupción" era "que no gobernara el PSOE y gobernar el PP".

García-Escudero advirtió de que el PP o está dispuesto a aceptar declaraciones de este tipo y no descartó ampliar la querella en próximos días a otros altos cargos del PSOE, como José Luis Rodríguez Zapatero, Jesús Caldera y José Blanco.

Por el presunto delito de calumnias, Simancas podría ser condenado a una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses. El delito de amenazas está tipificado en el Código Penal con penas de cárcel de seis meses a cinco años. Además, el delito de coacciones conlleva pena de eis meses a tres años de cárcel o multa de seis a veinticuatro meses. En total, el secretario general de la FSM y candidato a la Comunidad de Madrid podría ser condenado a un máximo de diez años de prisión.

García-Escudero considera que las declaraciones de Simancas son suficientemente graves como para acudir a los tribunales, ya que, según dijo, sólo le hubiera faltado mantener que los dos diputados disidentes del PSOE "son del Partido Popular".

Pidió a Simancas que "mantenga su palabra" y no utlice los votos de Tamayo y Sáez para ser elegido presidente de la Comunidad y le reprochó que no intentase recondudir la situación con ambos diputados para conseguir que renunciaran a su acta de diputado autonómico mediante el diálogo.

"LA VIEJA CORRUPCION DE GONZALEZ"

Por su parte, González Pons afirmó que la crisis abierta en la Asamblea de Madrid es "la vieja corrupción de González" y acusó al PSOE de actuar ante esta situación del mismo modo que reaccionaba la antigua dirección socialista a los asos de corrupción durante los gobiernos del anterior presidente.

A su juicio, el PSOE debió abrir una investigación interna tras la expulsión de Tamayo y Sáez, además de depurar responsabilidades, pedir disculpas a la ciudadanía y, por último, reclamar la ayuda de otras formaciones políticas.

El portavoz del PP en el Senado arremetió contra la querella presentada por el PSOE contra el secretario general de los populares madrileños, Ricardo Romero de Tejada, ya que es "insostenible" desde un punt de vista jurídico.

"Un recién licenciado en Derecho redacta mejor una querella que la que ayer presentaron dos catedráticos en Derecho Constitucional del PSOE", sentenció como crítica a Juan Fernando López Aguilar y Diego López Garrido. "Han perdido todo el crédito que tenían", remachó.

Si la querella no prospera, agregó, el secretario general del PSOE debería "asumir" la responsabilidad política de haber podido incurrir en un delito de "falsa denuncia" contra un alto cargo del Partido Popular. Por último, aseguró que el PSOE podría incluir como "beneficiario" de la querella presentada al presidente de Castilla-La Mancha, José Bono. Sugirió, de este modo, que Zapatero podría salir dañado políticamente de esta crisis y, con ello, Bono vería más fácil las posibilidades de ser candidato a La Moncloa.