La sentencia condenatoria del "caso Argentia Trust", dictada en febrero de 1998 por el Tribunal Supremo, impuso a Conde, como pena accesoria, la inhabilitación para "ejercer funciones de administración en entidades financieras durante el tiempo de la duración de la pena", que es de cuatro años y seis meses, por un delito de apropiación indebida. Sin embargo, la pena de cárcel no llevaba aparejada ninguna inhabilitación para ejercer cargo público, razón por la que el ex banquero está en condiciones legalmente de presentarse como candidato del CDS a La Moncloa, según confirmaron a Servimedia fuentes del Tribunal Supremo.

Las penas accesorias de inhabilitación están reguladas en los artículo 55 y 56 del Código Penal. El artículo 56 reza así: "En las penas de prisión de hasta diez años, los Jueces o Tribunales impodran, atendiendo a la gravedd del delito, como penas accesorias alguna de las siguientes: suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, o inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio o cualquier otro derecho, si éstos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación".