En el acto, clausurado por el rey Felipe VI, Conde-Pumpido habló de las “claras amenazas a la independencia” de los tribunales constitucionales a nivel mundial y dijo que “no son meras posibilidades o casos aislados”, ya que son muchos los que se enfrentan a “presiones políticas, (…) retrasos en la ejecución de sus decisiones, intentos de erosionar la confianza pública en el funcionamiento de los tribunales constitucionales y restricciones presupuestarias o procesales que limitan su capacidad de actuación”.

Por eso hizo un llamamiento a todos los poderes e instituciones de los Estados para “respetar” el funcionamiento de las Instituciones y hacer valer “nuestra propia legitimidad, que nace del mandato constitucional”. En España, añadió, “esta legitimación se consolida por nuestro sistema de elección” que se fundamenta en la designación “equilibrada” de los magistrados por los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, “cuya actividad debe siempre someterse al mandato de la Constitución”.

En este Congreso, los representantes de los 85 tribunales constitucionales de todo el mundo han reflexionado sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los derechos fundamentales. En ese sentido, Conde-Pumpido incidió en la necesidad de garantizar el derecho a la conectividad y a un acceso equitativo a las tecnologías, porque son “un elemento vital para el desarrollo y la inclusión social”.

Aunque advirtió que “no podemos permitir que el progreso tecnológico avance sin límites éticos, ni salvaguardas jurídicas”. El uso indebido de los datos personales, la discriminación mediante algoritmos y los abusos que derivan de una vigilancia excesiva de los seres humanos son “amenazas reales que requieren una respuesta judicial firme”.