La sentencia afecta a los diez concejales socialistas que gobernaban esta localidad entre 1983 y 1985, de los cuales seis ya no están en la corporación en la actual legislatura.

La denncia partió del Colegio de Arquitectos de Galicia, que denunció a este equipo de gobierno en 1985 por otorgar licencias de obra sin que le fueran presentados los preceptivos proyectos.

La sentencia es firme y anula el fallo absolutorio dictado por la Audiencia Provincial de La Coruña en 1989. El Tribunal Supremo considera probados los hechos y estima que van en contra de la ley y que pasan por alto el visado del Colegio de Arquitectos.

El entonces alcalde y actual diputado en el Parlamento galleg, José Antonio Ventoso Mariño, tendrá que abandonar la corporación local junto con tres compañeros de partido que ahora forman parte de la oposición.

En declaraciones a Servimedia, Ventoso Mariño suscribió la frase del alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco, en la que dijo que "la justicia es un cachondeo", y aseguró que no se siente arrepentido de lo que hizo y que abandona el cargo sin vergüenza, porque sólo quiso favorecer a los más humildes.

A su juicio, la ley está equivocada, porquedeberían ser los municipios quienes dieran las licencias de obra, evitando la explotación de las personas que viven en el medio rural por parte del Colegio de Arquitectos.

"Hay una parte importante de arquitectos y de la 'beautiful people', esa gente tan hermosa que usa trajes de moda y coches caros, que consiguen ese dinero metiendo las manos en la explotación más vergonzosa a la gente del campo obligándoles, en connivencia con muchos técnicos municipales, a gastarse hasta 700.000 pesetas para hacer na vivienda rural", declaró.

Ventoso Mariño dijo que intentó negociar con su equipo unas tarifas que estimaban abusivas, porque muchas veces los arquitectos "ni miraban el proyecto para saber si se ajustaba al terreno", ni siquiera dirigían la obra, ni se preocupaban por saber "si finalmente el campesino hacía la obra diseñada".

Por todo ello, el ex alcalde decidió olvidarse del Colegio de Arquitectos y conceder licencias por un valor de entre 40.000 y 50.000 pesetas.