Como garantía suplementaria, y de acuerdo con el informe emitido por el Consejo General del poder Judicial, las decisiones de paso al tercer grado serán notificadas al fiscal.

El Ejecutivo considera que el actual sistema da lugar a situaciones personales "absolutamente perturbadoras", especialmente en los casos de toxicómanos rehabilitados qu se han visto obligados a ingresar en prisión por delitos cometidos muchos años atrás.

El decreto pretende acabar por ello con estas situaciones que suponen algunas veces un riesgo de retroceso en la rehabilitación alcanzada por los drogodependientes durante el tiempo que han disfrutado de libertad provisional.

La nueva normativa contempla la posibilidad de acceder a un tratamiento penitenciario individualizado sin necesidad de fijar un período mínimo cerrado para dicha tarea, ya que el Gobierno stima que las corrientes actuales tanto científicas como doctrinales y jurisprudenciales aplicadas a la reinserción y reeducación del individuo permiten replantear la situación.