La sentencia, que absuelve a otros cinco encausados por falta de pruebas y consta de 483 páginas, ha sido notificada este jueves las partes y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. El juicio por estos hechos, ocurridos entre los años 2005 y 2014 y que se conocen como ‘caso Osvaldos’, se celebró en diferentes sesiones entre el 16 de septiembre y el 4 de diciembre de 2025.

El principal acusado, Sergio Salvador B.P., quien fuera director económico del Hospital General de Valencia entre 1996 y 1999 y gerente del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV) hasta 2014, ha sido condenado a penas que suman siete años de prisión, 19 años de inhabilitación para cargo público y a pagar multas que suman más de dos millones de euros.

La Sala le ha declarado autor de delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y cohecho en concurso con falsedad de documento mercantil, así como de un delito de blanqueo de capitales, aunque le absuelve de malversación y de negociaciones prohibidas a autoridad o funcionario público.

El Tribunal considera acreditado que este penado, con la ayuda al menos de un jefe de área del CHGUV y de otros acusados, tejó un entramado societario para favorecer a algunas empresas con la adjudicación irregular de contratos sanitarios, cobrar comisiones y desviar fondos de unas mercantiles a otras en beneficio propio y de su entorno familiar.

Asimismo, generó la circulación de dinero mediante facturas falsas que no obedecían a operaciones reales, a fin de ocultar su procedencia ilícita, y pagó con esos fondos a empleados. Así, Sergio B.P. influyó en tres empresas que tenían una actividad previa para que resultaran adjudicatarias de diversos contratos a cambio de comisiones que se canalizaban a través de otras sociedades sin actividad real mediante un sistema de facturación ficticio.

Esas tres firmas adjudicatarias estaban administradas por José María B.G., Francisco José E.V. y Miguel S.G., a los que la Sala ha impuesto sendas condenas de tres años y dos meses de cárcel, inhabilitación y multas como autores de delitos de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y cohecho y falsedad de documento mercantil. A todos ellos, como al propio gerente del Consorcio, la Audiencia aplica la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada.

Los últimos dos condenados por esta causa son Gisela Amparo S.B. y José Luis S.G., que eran administradores de sendas empresas y han sido condenados a un año y cuatro meses de prisión por delitos de blanqueo, cohecho y falsedad documental, con la concurrencia en ambos casos de las atenuantes de dilaciones indebidas y también de reparación del año y confesión tardía.

Además de desviar dinero público para enriquecerse y sufragar gastos particulares, la resolución judicial declara probado que el gerente del CHGUV participó en proyectos de construcción de hospitales en el extranjero, pese a tener un contrato de alta dirección con dedicación exclusiva.