Estas son algunas de las demandas del sector trasladadas por Barbadillo a los miembros de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, donde compareció para analizar la situación del transporte en autobús y autocar en España.

“Es un momento de enorme dificultad e incertidumbre”, advirtió el presidente de la patronal mayoritaria del sector, quien explicó que su facturación todavía está un 13,5% por debajo de la existente antes de la pandemia.

A ello, según lamentó, se suma que las empresas están muy endeudadas como consecuencia precisamente de la pandemia ya que tuvieron que dejar de operar pero manteniendo sus costes fijos.

“Acumulamos una gran mochila”, añadió Barbadillo, quien denunció que las empresas deben afrontar también la morosidad de las administraciones, la presión fiscal y el incremento de costes provocado por la subida de los precios energéticos que se ha visto agravada por la guerra en Ucrania.

Por ello, afirmó que “todavía estamos muy lejos de poder decir que hemos llegado a la recuperación o que estamos cerca de ella”, ya que “aunque vamos saliendo del túnel, el camino vuelve a estar lleno de dificultades”.

A este respecto, apuntó que desde el inicio de la pandemia han desaparecido 270 empresas del sector, de las 3.180 existentes antes de la llegada de la covid. “Esto no va a terminar”, sentenció.

Por ello, pidió al Gobierno que apruebe un nuevo fondo de apoyo al sector dotado con unos 1.100 millones de euros para compensaciones por la falta de ingresos provocada por la pandemia para el segundo semestre de 2021 y el primero de 2022, ya que hasta ahora solo se han cubierto las pérdidas hasta el primer semestre de 2021.

También pidió que se vuelvan a aprobar nuevas ayudas directas para el tercer y el cuarto trimestre de este año como las aprobadas a finales de marzo, que tenían una cuantía de 950 euros por vehículo.

Además, reclamó reequilibrar los contratos públicos con las administraciones, incluidos los escolares, para tener en cuenta el coste del carburante y evitar que las empresas deban abandonar el servicio por su incapacidad para comprarlo o para pagar a los conductores.

Otras demandas de Barbadillo fueron la exclusión del sector de la ley de desindexación para poder aplicar subidas en los contratos públicos que reflejen el IPC o que si se aprueba el pago de peajes en las autopistas los autocares queden exentos.

Por último, expresó sus reservas con respecto a la propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de un nuevo mapa concesional por el riesgo de que aparezcan problemas de financiación para las líneas que deberán asumir las comunidades autónomas.