El reglamento, aprobado por el Consejo de Ministros, desarrolla la Ley 6/2022, que incorporó la accesibilidad cognitiva dentro de la accesibilidad universal, y establece un marco estatal para facilitar que las personas puedan comprender la información, comunicarse, orientarse y desenvolverse con autonomía en distintos entornos y servicios. La norma contempla recursos como el lenguaje claro, la lectura fácil, los pictogramas y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.

Para Confederación Aspace, el reconocimiento de estos sistemas supone “un avance en una reivindicación” que el Movimiento Aspace viene trasladando desde hace años a las administraciones públicas para “garantizar el derecho a la comunicación de las personas con parálisis cerebral”.

La Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) permite a las personas con necesidades de apoyo comunicativo expresarse, relacionarse, tomar decisiones y participar en los diferentes ámbitos de su vida. Puede incluir desde pictogramas hasta dispositivos tecnológicos adaptados a las necesidades de cada persona.

La entidad recordó que el 98% de las personas con parálisis cerebral presenta disartria, mientras que una de cada cuatro carece de comunicación oral, por lo que disponer de sistemas adecuados resulta “imprescindible” para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Además, el 80% tiene grandes necesidades de apoyo y puede requerir apoyos intensos y continuados en distintas actividades de la vida diaria.

“Valoramos muy positivamente que una reivindicación que llevamos años planteando se incorpore a este desarrollo normativo. La comunicación es un derecho y ninguna persona debería encontrar barreras para expresar una decisión, acudir a una consulta médica o participar en un procedimiento judicial por utilizar una forma de comunicación diferente al lenguaje oral”, señaló la presidenta de la Confederación Aspace, Manuela Muro.

Tras la incorporación de la accesibilidad cognitiva a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad en 2022, la Confederación Aspace reclamó que la accesibilidad universal contemplara también la Comunicación Aumentativa y Alternativa. La entidad volvió a trasladar esta demanda en 2023 al entonces ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.

El nuevo reglamento establece la utilización de herramientas de accesibilidad cognitiva en ámbitos como los servicios públicos, la sanidad, el transporte, las administraciones públicas y la Justicia.

Precisamente, el acceso a la Justicia es uno de los ámbitos en los que Confederación Aspace reclamó “eliminar las barreras de comunicación que encuentran las personas con parálisis cerebral”. Para ello, defendió el reconocimiento de la CAA y de la figura de la persona facilitadora de la comunicación, de manera que cada persona pueda “comprender, expresarse y participar en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones”.

En este sentido, la organización subrayó que necesitar apoyos para comunicarse no implica necesariamente tener dificultades cognitivas, ya que, aunque el 50% de las personas con parálisis cerebral tiene discapacidad intelectual, “muchas otras utilizan sistemas de Comunicación Aumentativa y Alternativa sin tenerla”.

Por ello, la Confederación Aspace consideró que la aprobación del reglamento supone “un avance”, pero reclamó que “ahora se garantice su aplicación efectiva y homogénea” en todo el territorio, con recursos suficientes, apoyos individualizados y formación para los equipos profesionales.