“Por las razones que él sabe”, añadió en este encuentro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum en referencia a Javier Cremades, que aunque ha facilitado adelantos de documentación a los obispos aún no ha hecho llegar el documento final y acorde a los plazos y al índice acordados, aunque previsiblemente lo entregará este 14 de diciembre. “No puedo hablar mucho de él, porque no nos lo ha entregado”, señaló el cardenal al ser preguntado por la cuestión.

Además, prosiguió Omella, “cuando lo entrega hay todo un trabajo hecho”, dijo en referencia a la investigación emprendida por el Defensor del Pueblo (representado en la sala por varios miembros de la institución, entre ellos el propio Ángel Gabilondo) y a quien la CEE asegura haber facilitado “toda la información”. “Creo que ya está hecho el trabajo”, remarcó el cardenal, también a “todo lo que ha hecho 'El País'” y la propia Iglesia.

Con todo ello, continuó, “al final contaremos un número determinado de abusos”, para explicar que la suma resultante no será la de 440.000 víctimas resultantes de la extrapolación de la “famosa” encuesta de GAD3 incluida en el estudio de Gabilondo y que el propio Defensor y el responsable de la encuesta, Narciso Michavila, recomendaron a los periodistas “no extrapolar”. “Era una barbaridad”, calificó el presidente de la CEE, que insistió que lo que más les importa es “la persona”. “Por uno solo merecería la pena hacer todo el trabajo que se ha hecho, y que eso no vuelva a suceder”, expuso.

“Hemos agradecido mucho el trabajo que ha hecho el Defensor del Pueblo en su informe. Nada es perfecto. En el mundo todo se puede mejorar”, continuó, calificando de “profunda tristeza” que esa realidad haya sucedido, “más en el seno de la Iglesia”.

DEMÁS ESTAMENTOS

“Lo que importa es escuchar a las víctimas. Ojalá esto lo hagamos con los demás estamentos de la sociedad, donde también se han producido víctimas y necesitan ser escuchadas. No es una excusa, es una llamada”, prosiguió.

Según el cardenal, la Iglesia española lleva “tiempo” trabajando en la reparación y escucha a las víctimas, con la creación de oficinas diocesanas y un organismo de coordinación en el Episcopado para que la reparación “sea integral, también económica”.

El prelado explicó que los obispos tienen su “propio plan de reparación” pero que estarán atentos a qué propone el Estado, “siempre y cuando participen las demás instituciones que han sido abusadoras y tienen el mismo problema”, insistió, en referencia a la propuesta del Defensor de crear un fondo estatal para indemnizar a víctimas de la Iglesia.