La Abogacía española pide “a cuantos intervienen en la Administración de Justicia, Ministerio de Justicia, consejerías de las Comunidades Autónomas, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, grupos políticos, jueces, fiscales, letrados y personal al servicio de la Administración de Justicia, procuradores y otros profesionales de la Justicia, un esfuerzo de responsabilidad y de generosidad, para alcanzar, entre todos, con participación también de los sindicatos, consumidores y otros colectivos ciudadanos, una gran Pacto de Estado que nos permita disponer de una Administración de Justicia que preste el servicio de calidad al que la ciudadanía y la sociedad en su conjunto tienen derecho”.

El texto aprobado en la última jornada del XIII Congreso de la Abogacía asegura que “la Justicia es una cuestión de Estado” y advierte que en un Estado social y democrático de derecho “es imprescindible contar con una Justicia de calidad que trasmita credibilidad y confianza a la ciudadanía en la tutela y defensa de sus derechos e intereses legítimos. Sin Justicia no hay democracia y no hay libertad. Por ello, resulta evidente que La Justicia es una cuestión de Estado”.

La “grave crisis reputacional” que atraviesa la Justicia, indican los letrados, está afectando de menara directa a los ciudadanos que ven cómo hay “miles de procedimientos paralizados” o tiempos de respuesta que no son “asumibles”.

La Abogacía atribuye esa crisis de credibilidad a los múltiples conflictos que vive la Justicia, incluyendo el que ha impedido renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante casi cuatro años y medio y casi doblando su mandato de cinco años.

Frente a esta situación, dicen, sólo cabe una reforma profunda que debe emanar de un pacto de Estado que deje la Justicia “al margen cualquier tipo de interés político-partidista y/o corporativo”.

La Abogacía reconoce la legitimidad de los distintos actores en conflicto para hacer sus reivindicaciones. Es el caso de jueces, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia que tienen abiertos sendos conflictos con el Ministerio de Justicia. Pero además, los letrados reclaman una urgente reorganización del turno de oficio para garantizar el derecho de los ciudadanos a la justicia gratuita.

Por eso, reclaman cono necesario “un pacto de Estado que recoja mecanismos que fortalezcan la credibilidad en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales, en sus órganos de gobierno y en las instituciones relacionadas con la Justicia, con una exigencia fundamental de respeto a la independencia judicial”.

La Abogacía pide una simplificación de la estructura de los cuerpos y funcionarios y un impulso a los medios alternativos de resolución de conflictos, la revisión de los procedimientos acceso a la Abogacía y a la Procura, así como la actualización de la formación profesional permanente y especializada.

Finalmente, la Abogacía pide que ese pacto de Estado obre a favor de la “conciliación de la vida personal y familiar de todos cuantos intervenimos en la Administración de Justicia, sin merma de los derechos de los justiciables”.