Según datos ofrecidos por el Partido Popular en base a las cifras que maneja el Ministerio de Sanidad, la propuesta podría beneficiar a en torno a 500.000 pacientes diagnosticados de celiaquía.

Según la Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE), cuyos representantes estuvieron presentes en el Pleno del Congreso, mientras los precios de los productos con gluten se han estabilizado en los últimos años, los productos sin gluten han registrado una tendencia alcista que repercute de forma negativa en los pacientes. Por ello, desde FACE se ha venido solicitando que se tomen medidas para mitigar el impacto financiero en las familias con miembros con esta patología para garantizar la equidad en el acceso a la salud de los celíacos.

Ante estas peticiones, el Partido Popular decidió presentar una proposición de ley que incluye dos únicos artículos en los que se propone crear un Registro Estatal de Pacientes con Enfermedad Celíaca y definir una deducción de 600 euros como "un impuesto negativo en el IRPF".

El objetivo, afirmó la diputada popular Maribel Sánchez Torregosa, es garantizar que ninguna familia se quede fuera de esta ayuda, tampoco las familias de retas más bajas que no están sometidas a tributación.

TRES O CUATRO VECES MÁS CARO

"Su dieta les obliga a pagar entre tres y cuatro veces más por un producto tan básico como el pan o una simple galleta. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular presentamos esta proposición de ley de compensación económica para las personas celíacas, la primera iniciativa con rango de ley en España que busca ofrecer una ayuda directa y reembolsable a quienes soportan este de coste", proclamó Torregosa.

La popular incidió en que las personas celíacas soportan "un sobrecoste anual estimado de 977,85 euros en alimentación específica".

El procedimiento para solicitar esa ayuda pasaría, según la propuesta de los populares, por contar con un diagnóstico de la enfermedad que deberá constar en ese nuevo Registro de pacientes. "Esta medida no es para alguien que decida voluntariamente quitarse el gluten de su dieta. No, aquí no hay voluntariedad. Esta medida es para aquellos enfermos que estén diagnosticados por un especialista médico", explicó la diputada popular.

Desde el Grupo Mixto, la portavoz de Compromís, Águeda Micó Micó, mostró su apoyo a tramitar la propuesta del PP para poder "mejorarla en el trámite parlamentario" porque consideró que en el texto planteado hay "muchas cuestiones que no se resuelven en esta proposición de ley".

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido García señaló, por su parte, que la creación del registro estatal "es útil y necesario" porque "necesitamos más datos", explicó, para "poder investigar, para poder planificar y dar una respuesta coherente, no solo al problema que tenemos hoy, sino al que se nos puede venir en el futuro" porque "cada vez más personas debutan" como celíacos.

Desde el PNV, el diputado Joseba Agirretxea también mostró su compromiso con las exigencias de FACE y señaló que la proposición de ley del PP "adolece de importantes deficiencias en su diseño, en su equidad y en su eficacia".

Desde Bildu reclamaron que el abordaje de esta problemática recaiga en los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, "ya que son su competencia y por tanto, su responsabilidad". Un punto de vista avalado por Junts, que mostró igualmente su intención de tramitar la propuesta, mientras que las parlamentarias Etna Estrems, de ERC, y Alda Recas, de Sumar, afearon al Partido Popular lo escueto de la propuesta.

Por el Grupo Vox, Tomás Fernández Ríos también apoyó la toma en consideración de la proposición de ley y señaló, en contra de los argumentos de sus predecesores en la tribuna, que dar una respuesta a esta situación es una obligación del Gobierno central para que sea equitativa para todos los españoles y señaló las distintas ayudas que existen en cada región para las personas con celiaquía.

Desde el PSOE, Isabel Iniesta anunció su voto favorable a tramitar la propuesta pero recordó que "el 22 de marzo de 2023 en las Cortes de Castilla y León, cuando desde el Grupo Socialista se presentó una proposición no de ley para establecer ayudas a las personas con enfermedad celíaca en función de la renta, una propuesta sensata, justa y progresiva, ¿qué hizo el señor Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León? Abandonó el pleno y le hizo una peineta a la diputada socialista que estaba defendiendo esa iniciativa. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta a un problema real que afecta a miles de familias. Y ahora, señorías del PP, ahora vienen aquí con una proposición que bajo la apariencia de solidaridad esconde un planteamiento profundamente injusto", afeó.

"Pretenden crear una deducción de 600 euros en el IRPF por persona celíaca, idéntica para todos, sin tener en cuenta el nivel de renta ni las circunstancias familiares y, por supuesto, sin tener en cuenta que hay muchas familias que no realizan la declaración de la renta por no llegar a los mínimos. Y eso, señorías del PP, eso no es justicia social, eso es oportunismo fiscal", sentenció.