La iniciativa salió adelante con 171 votos a favor (PP, Vox y UPN) y 7 abstenciones (Junts y Coalición Canaria), y contó con 168 votos en contra. Durante su defensa, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, calificó la iniciativa de "acto de higiene democrática" y de "defensa directa de la independencia del Ministerio Fiscal.

Y es que los populares reclaman que el responsable del control y la supervisión de los datos personales de la Fiscalía sea un jurista "con más de 15 años de experiencia y con conocimientos acreditados en materia de protección de datos" y no "en un fiscal en activo" que "nombra el Gobierno a propuesta del fiscal general del Estado".

Un debate que llegaba al Congreso la semana antes de que arranque el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos por filtrar un correo con datos de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De ahí que Gamarra criticase que "la sumisión del fiscal general llega al punto de incurrir en la presunta comisión de delitos para perjudicar a una rival política".

La dirigente popular, muy dura con el Gobierno y el presidente, Pedro Sánchez, denunció que "el procesamiento del fiscal general del Estado señala todavía más el daño institucional que el Gobierno está provocando a la Fiscalía". De ahí que la mayor parte de su intervención se centrase en atacar al Ejecutivo por la reforma judicial aprobada este mismo martes por el Consejo de Ministros, de la que dijo: "Es un paso crucial en una estrategia de asalto a la Justicia".

Tras Gamarra tomó la palabra el diputado de UPN Alberto Catalán Higueras, quien también se mostró muy critico con el Ejecutivo, asegurando que Sánchez "hace una utilización de la Fiscalía" y "prostituye su propia independencia". Al igual que la diputada popular, consideró "inaudito que el fiscal general del Estado se siente en el banquillo de los acusado y no dimita".

Para Catalán, que García Ortiz "y otros fiscales sean motivo de portadas y titulares en medios de comunicación" evidencia "la putrefacción que este Gobierno quiere para la Justicia". Y terminó criticando "la obsesión enfermiza que tiene este Gobierno por colonizar todas las instituciones, y el poder judicial y también en la Fiscalía no las han dejado al margen".

CASO DEL FISCAL GENERAL

Por parte de Podemos tomó la palabra Martina Velarde, quien ya durante su intervención anunció su rechazo a la iniciativa de los populares apuntando que el PP "se ha quedado sin ideas o nunca tuvieron ninguna". Según criticó, el PP "lleva años intentando convertir un caso de fraude fiscal de la pareja de la señora Díaz Ayuso en un caso sin base contra el fiscal general del Estado".

Al mismo tiempo, lanzó un aviso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Cuanto más se parezca a Isabel Díaz Ayuso, menos le quedará a la señora Díaz Ayuso para sentarse en su silla".

Desde el PNV, el diputado Mikel Legarda tachó las explicaciones del PP para modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal de "exageradas", pues no consideran que la actual redacción sea "contraria ni a la Constitución ni al Derecho comunitario". De ahí que preguntase por qué los populares no acudieron al Tribunal Constitucional, como si hicieron, increpó, "con la disposición final séptima de la Ley Orgánica 95, único precepto recurrido ante el Tribunal Constitucional por el Grupo Parlamentario Popular, atacando lo que consideramos el núcleo intangible de la foralidad vasca en el ámbito local".

Y aunque criticó algunos aspectos del actual Estatuto en relación a las unidades de protección de datos del Ministerio Fiscal, mostró su rechazo a la propuesta apuntando: "No podemos olvidar la agresión a la foralidad vasca".

Por su parte, Josep Pàges i Massó, de Junts, apuntó que "los fiscales, por naturaleza, son dependientes y difícilmente harán esta función -de control- si a quienes deben controlar son aquellos que los han nombrado". Sin embargo, ironizó al señalar: "No sé cómo tomarme las iniciativas del PP", partido al que acusó de una "instrumentalización partidista de todas las instituciones democráticas del Estado".

"Pensamos que son unos impostores cuando presentan este tipo de propuestas", dijo para recordar las palabras del diputado del PNV instando al PP a recurrir al Tribunal Constitucional. Eso sí, también tuvo palabras para criticar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal del Gobierno y la 'Ley Bolaños", "el ejemplo máximo de partidismo en la Justicia".

Según apuntó, "la propuesta del PSOE incrementa la capacidad operativa de los órganos que, como la Fiscalía, actúan a las órdenes del Gobierno de turno. En ningún caso, se aborda el problema de fondo, la dependencia jerárquica de la Fiscalía del Gobierno".

También se mostró muy crítica la diputada de ERC, Pilar Valluguera, quien reprochó al PP que unos días antes del juicio al fiscal general haya "buscado la forma" de hablar de la Fiscalía "con alguna base" de contenido legislativo, por lo que tachó la proposición de "fraude de técnica parlamentaria".

LLAMADA AL ORDEN A VOX

Por parte de Sumar, el diputado Enrique Santiago comenzó denunciando que "el Partido Popular calienta motores para el vergonzoso juicio al fiscal general del Estado, el primer fiscal general que se sienta en el banquillo por hacer su trabajo, por perseguir las prácticas corruptas de la pareja de la jefa de facto del Partido Popular, la señora Ayuso".

Tras criticar que "el PP propone que alguien extraño maneje los datos personales de los justiciables", definió la iniciativa a debate como "una nueva operación propagandística del Partido Popular, continuación de su estrategia de control e interferencia en la Justicia".

Por ello, pidió a los "demócratas que impidamos que continúen las maniobras del Partido Popular para controlar la Justicia", confirmando su voto en contra a lo que tachó como "propagandística Proposición de Ley".

Desde Vox, José María Sánchez comenzó cargando duramente contra el PP, en concreto contra su portavoz, Ester Muñoz, "Doña Ester", dijo, por haber dicho en una entrevista que "Vox no está preparado para gobernar". Durante su intervención, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le exigió "el mismo respeto a los diputados hombres que a las diputadas mujeres" por nombrar los apellidos de los hombres y no los de las mujeres.

Tras un pequeño rifirrafe, se centró en la iniciativa del PP, asegurando que los populares tuvieron "mala suerte" al coincidir con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ello, dijo: "Podían ustedes haber tenido el sentido de la oportunidad de retirar esta proposición de ley, que es paupérrima". Al mismo tiempo, recriminó al PP no "proponer una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que los nombramientos de los altos cargos de la carrera fiscal no sean nombramientos discrecionales del fiscal general del Estado".

Sánchez insistió en calificar de "deplorable" la propuesta y sentenció: "Resígnense a su papel ya de un partido que constituye parte del bipartidismo caduco y agotado".

Por último, el diputado del PSOE Francisco Arando calificó de "proposición de ley instrumental" la inciciativa del PP: "Un mero instrumento en su su cruzada obsesiva contra el fiscal general del Estado". "Esto nunca ha ido ni va de un supuesto interés por la Justicia".

Según dijo, se trata de "una estrategia deliberada de atacar al Gobierno progresista salido de las urnas". Y añadió: "Nadie está a salvo de ustedes y de sus terminales. Nadie está a salvo de ser objetivo del plan de la derecha y la ultraderecha".

El diputado socialista criticó que, "al más puro estilo Vox, traen parches en formato de leyes" e hizo hincapié en la fecha elegida para presenta la iniciativa: "A pocos días de que comparezca el fiscal general en el Supremo. Huele a maniobra política para seguir en su carrera enfermiza contra el fiscal general del Estado". Y concluyo atacando a los populares por crear "una UTE de la manipulación, el fango y la mentira".