El texto salió adelante con 313 votos a favor, ninguno en contra y 33 abstenciones pese a las fuertes críticas de la oposición y de socios de investidura, que acusaron al Ejecutivo de falta de diálogo y de quedarse corto en las medidas para mejorar la conciliación. No obstante, el texto se tramitará ahora como proyecto de ley, de manera que todos los partidos podrán plantear enmiendas.

A las duras críticas del PP y Vox se sumaron otras también muy ácidas, como fue el caso de Podemos, y otras más templadas como las de Junts, si bien los de Puigdemont confirmaron su voto afirmativo.

Según el real decreto, las nuevas tres semanas, que serán cubiertas ampliando la duración de la prestación por nacimiento y cuidado del menor de la Seguridad Social, serán gestionadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

En concreto, se incrementa una semana la prestación de nacimiento y cuidado del menor, hasta un total de 17 semanas, de igual duración e intransferibles entre ambos progenitores, y 28 en el supuesto de familias monoparentales, durante los primeros 12 meses del bebé, o, en el caso de adopción, guarda o acogimiento familiar en el primer año, a partir de la resolución judicial o administrativa; en periodos semanales o de forma acumulada.

Como establece la ley, se mantiene la obligatoriedad de que las primeras seis semanas sean disfrutadas de forma ininterrumpida a jornada completa e inmediatamente tras el nacimiento o la adopción, acogimiento familiar o guarda. Estos cambios entran en vigor de forma inmediata.

Además, las familias podrán disfrutar también de dos nuevas semanas adicionales de permiso para el cuidado del menor, cuatro en el caso de monoparentales, de forma flexible hasta que el hijo o la hija cumpla los 8 años de edad. A ello se podrán acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024. Este derecho podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026.

Con estas medidas, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se completa la transposición de la Directiva de conciliación adoptada en 2019.

En 2019, se aprobó la progresiva equiparación de los permisos de madres y padres con base en tres principios: igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%. En ese ejercicio, el permiso de paternidad pasó de 5 a 8 semanas; y en 2020, a 12. En 2021 entró en vigor la equiparación total y el permiso pasó a ser de 16 semanas, seis de las cuales deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en los casos de adopción, guarda o acogimiento. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos antes de que el bebé cumpla un año.

La ampliación y equiparación de este permiso ha permitido que el ejercicio de este derecho se haya generalizado entre los padres varones en términos equivalentes a las madres (en el primer semestre de este año las mujeres han disfrutado de media un permiso de 112 días, mientras que los varones, de 109).

La cuantía de estas prestaciones es equivalente al 100 por 100 de la base reguladora y se abona directamente por el INSS durante las semanas que dura el permiso.

1.500 MILLONES ESTE AÑO

En la defensa del texto, Yolanda Díaz detalló que el coste de estas medidas solo este año ascenderá a 1.500 millones de euros y 1.000 millones más en los siguientes ejercicios. Asimismo, pidió que la norma cuente con el “respaldo” del Congreso, porque es “una cuestión de Estado”, ya que hay que “decidir qué hacemos con los cuidados” en España.

A su juicio, esto afecta no solo al Derecho laboral, sino a la vida real de las familias, a las semanas que se cogen para “cuidar con calidad” de los hijos y a que un recién nacido no esté sin sus progenitores en un hospital.

“Esto es lo que la política debe hacer: mejorar la vida de las personas”, abundó Díaz, quien resaltó que en 2007 los padres solo tenían 15 días, mientras ahora tienen los permisos “más amplios y equitativos del mundo”, lo que “nos coloca en la vanguardia de Europa”. Y es que, con este real decreto, España transpone una directiva europea de obligado cumplimiento, por cuyo incumplimiento el Estado ha abonado diariamente una sanción desde agosto de 2024.

Reclamó que con este asunto se orillen las diferencias partidistas y se mostró convencida de que, al margen de “matices”, todos los diputados creen que España necesita reforzar los derechos relacionados con los cuidados.

BOCHORNO

Desde la oposición, la diputada del PP Carmen Fúnez criticó que el Gobierno haya optado por la “imposición y no por el diálogo” y , aunque sostuvo que el PP es un partido “convencido” de la conciliación y la corresponsabilidad, avisó de que no se puede perjudicar a las pymes, pues esta norma se va a aplicar igual a las compañías del IBEX que a las que tienen cuatro empleados.

En su intervención, Fúnez, también reprobó el “bochorno” que ha tenido que vivir España siendo sancionada por no cumplir durante más de un año la legislación europea, al tiempo que ironizó con que el “único permiso que preocupa al Gobierno es el de sus socios” para poder seguir en Moncloa. “El futuro de España depende, en gran medida, de las políticas de conciliación”, agregó Fúnez, quien pidió que se apruebe una ley sobre conciliación impulsada por los ‘populares’.

Además, la diputada aprovechó para acusar al Ejecutivo de “robar” a los españoles y dedicar el dinero de sus impuestos, en lugar de a políticas sociales, a “pagar a mujeres prostituidas”.

Asimismo, la parlamentaria María Ruiz, de Vox, dijo que el Gobierno lleva esta ley al Parlamento “acorralado” por la Unión Europea porque “si le importaran las mujeres como dicen”, lo habrían hecho antes, máxime en un “contexto de suicidio demográfico como el que estamos padeciendo”. Igualmente, deploró que el Ejecutivo lo que quiere es “imponer su ideología al sentido común” y por ello “son incapaces de dar soluciones acertadas”.

Para Ruiz, si el Gobierno hubiera preguntado a las mujeres, le hubieran dicho que no quieren que los hombres las “sustituyan” en su “dedicación voluntaria” a las familias, sino que lo que debe suceder es que se las premie y se ayude a las empresas a contratarlas. De hecho, llegó a rechazar mejorar los permisos para los hombres para hacerlo únicamente con las madres, hasta que alcancen los seis meses y el año si el hijo tiene discapacidad.

TRILERISMO

En el lado opuesto del arco parlamentario, pero con un tono muy duro también, se dirigió la diputada de Podemos Noemí Santana a Yolanda Díaz, a quien le espetó que “el Gobierno ha utilizado una estrategia trilera” para hacer ver que esto es un “avance”, pero “la realidad les lleva la contraria”. “Nos prometieron ocho semanas remuneradas y, al final, tenemos tres y si aceptamos pulpo como animal de compañía”, cargó Santana, antes de augurar que España seguirá sin cumplir con esta ley la directiva europea, por lo que será sancionada.

Mostraron también su respaldo al texto el BNG, Bildu, Esquerra y el PNV, aunque criticaron carencias de la iniciativa del Gobierno y apostaron por poder incorporar modificaciones si se tramita como proyecto de ley tras su convalidación.

Además, Josep Maria Cervera, de Junts, subrayó que habrá que incorporar medidas para “corregir” algunos problemas que puede generar esta ampliación de los permisos, como el “abuso puntual” de estos derechos por una “paternidad lejana”, así como los problemas del mercado laboral como el absentismo y la baja productividad.