El portavoz del PSOE, Patxi López, garantizó el martes que su grupo parlamentario mantendrá el voto afirmativo a la proposición de ley de Sumar, a pesar de que sectores nacionalistas marroquíes lo consideran una ofensa a su país, lo que podría dificultar aún más una salida a la situación en la ciudad autónoma.

Con ese voto a favor más los de la izquierda parlamentaria, el PNV y al menos la abstención del PP y Junts per Cataluña, en sintonía con la votación de la iniciativa en la Comisión de Justicia el pasado 23 de julio, la proposición tendría garantizado salir adelante.

Sólo se opondría a ella Vox, a pesar de que desde Sumar llevan desde el domingo invitando a este partido a virar hacia el 'sí' como gesto de oposición a Marruecos, para ser así consecuente con las críticas a ese país por haber promovido el asalto a la frontera de Ceuta de los pasados 30 y 31 de julio.

La proposición de ley se registró a finales de 2023, después de que en la legislatura pasada no diera tiempo a tramitarse, entonces promovida por el grupo parlamentario de Unidas Podemos, y se admitió a trámite en marzo de 2025, pero el PSOE no acordó con Sumar desbloquear su tramitación hasta abril de 2026, en parte como compensación a que los saharauis apátridas no fueron incluidos en la regularización extraordinaria de inmigrantes.

DOS AÑOS DE RESIDENCIA

La iniciativa contempla la concesión de nacionalidad por carta de naturaleza a los nacidos en el Sáhara Occidental bajo soberanía española, la posibilidad de optar a la nacionalidad española de los descendientes en primer grado de consanguinidad de los anteriores con un plazo de cinco años, y la equiparación en el artículo 22 del Código Civil de los saharauis a los nacidos en países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, entre otros, que pueden adquirir la nacionalidad por residencia con sólo dos años de estancia, en lugar de los diez del resto de extranjeros.

En la tramitación, unas enmiendas transaccionadas por PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu establecieron que los solicitantes podrán acreditar su condición mostrando un DNI español (aunque no se encuentre vigente), un recibo de inscripción en el censo para el referéndum del Sahara Occidental expedido por la ONU, el certificado de nacimiento, el libro de familia, un certificado de escolarización, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros documentos.

Otra enmienda transaccionada amplió la última fecha de nacimiento para poder acceder a la nacionalidad española de marzo de 1976, fecha de la retirada de las tropas españolas del Sahara, a septiembre de 1977. Esta ampliación se justifica en que un decreto de agosto de 1976 estableció que los saharauis que cumplieran determinados requisitos podían optar por la nacionalidad española en el plazo de un año.

Por este motivo, y por el hecho de que la ocupación marroquí impidió de hecho el acceso de los saharauis a la nacionalidad española, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, que ya promovió la misma proposición de ley desde el grupo de Unidas Podemos en la pasada legislatura, viene recalcando en los últimos días que la iniciativa no va a conceder dicha nacionalidad a nadie, sino que se la va a "devolver".