En la defensa del real decreto ley, que recibió el voto favorable de 304 diputados, 33 en contra y 7 abstenciones, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, reveló que las ayudas directas han sido solicitadas ya por 633 ciudadanos desde el pasado lunes y destacó que las medidas permiten “Cubrir el peor de los escenarios” dando respuesta a “las Personas y negocios más afectados”, situados en los barrios periféricos.

Además, aseguró que nace de un proceso de escucha a los agentes sociales, organizaciones empresariales y ciudadanos de Ceuta y que se basa en la continua monitorización de la evolución de la actividad económica en la ciudad.

“La prioridad es Sentar las bases para un futuro próspero para la ciudad”, añadió Cuerpo, quien mostró su confianza en “la pronta y próxima recuperación de la normalidad cuando sea posible”.

Para este plan de respuesta, se van a movilizar 309 millones de euros este año, una cuantía que es el 16% del producto interior bruto (PIB) de Ceuta y que se centra en aspectos como la potenciación de servicios públicos esenciales (21 millones), la mejora de la seguridad, con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (más de 90 millones de euros) y el fortalecimiento del sistema de acogida, con más de 60 millones para la ciudad de Ceuta.

Otro eje serán unos 80 millones para apoyar a empresas y trabajadores, lo que por sí solo supone el 4% del PIB de Ceuta y que se inyectará en los próximos cuatro meses, lo que supera la previsión de “pérdidas y de impacto” que había realizado la Cámara de Comercio de Ceuta.

En nombre del PP, pese a votar a favor, José Vicente Marí, negó que se trate de “una crisis migratoria o humanitaria”, denunció que se trata de “medidas para esparcir la propaganda típica de este Gobierno” y apuntó que “falta la principal medida que es volver a la normalidad y que se garantice que no volverá a pasar”. “No pueden tapar su incompetencia con dinero”, añadió.

También entre los más críticos, Josep Maria Cruset, de Junts, no aclaró el sentido de su voto y acusó al Gobierno de aprobar estas medidas para “tapar su incapacidad” y añadió que “estamos ante la factura de un fracaso político”. “Su mala gestión la pagaremos entre todos los ciudadanos”, espetó.

Por su parte, José María Figaredo, de Vox, que tachó el decreto de “mentira” y “migajas”, denunció que “los malos nos han invadido y han anegado las calles y los españoles no pueden transitar por ellas” y tachó lo ocurrido en Ceuta de “acto de guerra híbrida lanzado desde Marruecos”. Además, lamentó que “el Gobierno prefirió quedarse de brazos cruzados”.

LAS AYUDAS

Entre las medidas sobre los servicios públicos, el Gobierno impulsa el refuerzo de recursos sanitarios con 100 nuevos profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) para Atención Primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones de euros.

A ello se sumarán 3,2 millones para seguridad de los centros docentes y actuaciones de acompañamiento psicosocial para toda la comunidad educativa y 4,5 millones para el refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la Administración de justicia y funcionarios, que permitan la agilización de los expedientes, así como financiación de la asistencia jurídica gratuita y despliegue de apoyo informático en Ceuta.

Asimismo, se aprobó una subvención de dos millones de euros a la ciudad de Ceuta, que se añade a los más de siete millones de euros que el Gobierno destinó también para la planta desalinizadora.

En materia de seguridad, sobresale como medida el incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y ocho millones de euros para la Guardia Civil. El real decreto también contiene 74 millones para el refuerzo del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, en el despliegue de personal y medios, transporte, logística y mantenimiento del material.

Por otra parte, para acogida humanitaria, se recogen 53,4 millones para alojamiento y atención básica de las personas migrantes, así como 63,6 millones más para la acogida de menores no acompañados.

ECONOMÍA

En clave económica, el Gobierno dio luz verde a 36,6 millones en ayudas directas a empresas y autónomos: 5.000 euros por cada autónomo y entre 10.000 y 150.000 euros por empresa, en función del volumen de facturación. Beneficiará a 2.600 autónomos y 1.400 empresas. Se pueden solicitar ya en la web de la Agencia Tributaria, con el objetivo de iniciar los pagos a principios de octubre.

En este sentido, se aprobaron también 14 millones en ayudas directas para contribuir a recuperar la actividad económica y empresarial de Ceuta y reforzar la confianza de consumidores, visitantes y empresas (con bonos de consumo y al turismo.

Asimismo, el texto incluye una bonificación del Impuesto de Sociedades hasta pasar del 50% al 60% para entidades residentes en Ceuta y Melilla, y para las que mantienen actividad y puestos de trabajo en la ciudad. Incorpora también mejoras en la tributación del IRPF para los autónomos. Ambas medidas (12 millones de rebaja fiscal) serán permanentes en las dos ciudades que, según Cuerpo, afrontan retos similares.

En paralelo, se aprobó un millón de euros para el ‘Plan Ceuta Exporta’, que el ICEX pondrá en marcha y un millón de euros para una campaña de promoción internacional de Ceuta como destino turístico.

El Gobierno, que articuló también una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por hasta 50 millones de euros, incorporó en el decreto un conjunto de medidas laborales.

MEDIDAS LABORALES

Estas iniciativas incluyen un régimen específico de fuerza mayor para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con exenciones del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social y también un aumento de la bonificación al 75% en las contrataciones indefinidas o por sustitución por incapacidad temporal.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinará un importe de 650.000 euros en subvenciones para financiar programas de formación de ámbito territorial en Ceuta dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas y estarán adaptados a las necesidades del tejido productivo y a los retos tecnológicos, organizativos y sectoriales.

Los ERTE derivados de los acontecimientos acaecidos en Ceuta a partir del 30 de julio de 2026 tendrán un marco específico por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2026.

De esta manera, se amplía el ámbito de aplicación para las suspensiones totales o parciales de la actividad laboral y las reducciones de jornada que puedan guardar una relación directa o indirecta con esta situación.

La solicitud del informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá carácter potestativo para la autoridad laboral, sin perjuicio de la posterior comprobación de los requisitos y de la concurrencia de la causa.

Las empresas de Ceuta afectadas por estos ERTE podrán beneficiarse de una exención del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social, por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta, respecto de las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 correspondientes a las personas trabajadoras y períodos afectados por la suspensión o reducción de jornada.