En su planteamiento, los socialistas ponen de relieve que la desaparición de una persona es un hecho que afecta tanto a la persona que desaparece como a sus familiares y personas allegadas. Y aunque reconocen que en los últimos años se han producido avances en este asunto, como la creación en 2013 de una Comisión Especial para estudiar esta problemática o la instauración del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (Cndes), insisten en que quedan “iniciativas importantes” por abordar, como “dotar de un estatus jurídico a las víctimas, tanto directas como indirectas”.

De ahí que plantearan la creación de una subcomisión que, entre otros objetivos, plantea determinar el marco legislativo que afecta a las personas desaparecidas en España y las modificaciones legales necesarias, además de recabar las aportaciones de las organizaciones especializadas del Tercer Sector que trabajan directamente “con esta realidad” y, principalmente, elaborar una propuesta de Estatuto jurídico básico a partir de un informe en el que se recogerán las conclusiones sobre las medidas a tomar.

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE David Serrada consideró que se estaba dando “un paso importante”, al tiempo que consideró que, a la hora de establecer un texto legal sobre este asunto, es clave que se escuche tanto a las familias de las personas desaparecidas como a los colectivos que trabajan con ellas. Un documento, remarcó, que tiene que ser “acordado” y “consensuado”.

Desde Sumar, mientras, Enrique Santiago fue breve al reconocer que, además de intentar aclarar los casos de desaparición, hay que dotar a los profesionales que combaten las desapariciones “de medios y protocolos necesarios para poder realizar lo mejor posible su trabajo” y también establecer un marco jurídico completo “que dé seguridad jurídica a las víctimas”.

Por parte del PP, Rosa Quintana hizo hincapié en que se trata de “uno de los dramas humanos más duros que puede sufrir una familia”, poniendo el acento en que hay familiares y amigos que necesitan que “las instituciones estén a su lado”. Tras recordar que hay más de 6.700 casos de desaparecidos y que se han dado muchos pasos, reconoció que queda “mucho camino por recorrer”.

Por ello, consideró necesario abordar ese Estatuto que reconozca recechos como la “búsqueda efectiva”, una “mejor información y acompañamiento” a las familias y una mayor coordinación entre administraciones. Y puso como ejemplo a las familias de los desaparecidos en el mar.

Solo Vox se mostró más crítico con la iniciativa, aunque reconoció la realidad de esta “terrible situación” y mostró su “solidaridad”. Sin embargo, su diputado Ignacio Gil Lázaro cargó contra el Gobierno por presentar la creación de la subcomisión cuando podría acelerar los plazos con la presentación de un proyecto de ley o una proposición de ley. Porque, lo contrario, remachó, es “marear la perdiz” y “demorar” los objetivos. Por ello, insistió en exigir al Ejecutivo que tome la iniciativa y dejó claro que no iban a “dar cobertura a una nueva maniobra de distracción” que bloquee esta “importante cuestión”.

En lo que se refiere a la subcomisión, estará formada por 15 miembros (tres del PSOE y PP, dos de Sumar y Vox, y uno por cada uno de los restantes grupos). En un plazo de seis meses desde su constitución, deberá presentar un informe que será sometido a votación en la Comisión de Interior.

Ese documento se hará llevando a cabo todas las comparecencias que se consideren necesarias de expertos, organizaciones o víctimas. Asimismo, recabarán información de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del Cndes, e incorporarán aportaciones de administraciones públicas, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía General del Estado y Colegios profesionales de la Abogacía y de la Psicología.