Con este decreto-ley, el Gobierno exige a las compañías eléctricas la devolución de los derechos de emisión de dióxido de carbono concedidos gratuitamente.

Según esta norma, las eléctricas deberán descontar el próximo año de su retribución en torno a 1.400 millones de euros, correspondientes a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero de 2008.

El titular de Industria, Joan Clos, defendió que el decreto-ley del CO2 es "equitativo, proporcionado y no confiscatorio", que "no genera ningún peligro para el sistema" y servirá para "corregir distorsiones".

Clos explicó que esta medida es una "prórroga de una normativa vigente", y recoge la posibilidad de subastar los derechos de CO2 a partir de 2012, algo que "resulta mucho más eficaz".

El ministro indicó que el objetivo es "corregir efectos distorsionantes y no deseados" que el sistema había generado. Se "busca la equidad, que no se produzcan distorsiones sobre la forma de pago por parte de los usuarios de unos derechos gratuitos que el Estado ha concedido a las empresas", dijo.

Por otra parte, Clos señaló que el decreto se aplicará "de forma sensata y proporcionada", mediante órdenes ministeriales que serán consultadas con la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y las empresas afectadas.

En este sentido, el ministro quiso dejar claro que esta normativa "en ningún caso pone en peligro las inversiones de este importante sector en nuestro país".

El Pleno del Congreso también votó hoy a favor de que este decreto se tramite como proyecto de ley antes de que acabe la legislatura.

Lo que está ahora por ver es el procedimiento que se seguirá para ello, ya que el de hoy ha sido el último pleno de la legislatura.

Antes de la votación, durante su defensa del decreto en el pleno, Clos se había comprometido a promover, en la próxima legislatura, una regulación de los derechos de emisión de CO2 como proyecto de ley, tal y como demandan las empresas eléctricas.

CRÍTICAS

El portavoz de Industria del PP en el Congreso, Fernando Castelló, indicó que el decreto "puede tener influencias negativas en la estabilidad del sistema", y apuntó el "riesgo de suministro" y la posibilidad de que se produzcan "apagones".

Además, desde el PP se indicó que esta normativa puede tener "efecto negativo" sobre las "inversiones futuras" de las empresas del sector y sobre la confianza de las entidades financieras en las mismas.

Castelló acusó al Gobierno de haber hecho una política energética que ha dado lugar a "un sector fuertemente tensionado".

El diputado de CiU Josep Sánchez Llibre explicó que su grupo no va a convalidar este decreto porque es una medida "traicionera" con todo el sector.

Además, Sánchez Llibre señaló que las facturas de los consumidores "no se verán aminoradas" con este decreto y podría suponer "grandes perjuicios económicos" para las empresas eléctricas españolas.

Por parte de ERC intervino Agustí Cerdá, quien, pese a al apoyo de su grupo al decreto, afirmó que éste va a "incurrir en más opacidad" en el sector de por sí "complejo y opaco".

Desde los escaños del PNV, que no apoyaron el decreto, el diputado José Ramón Beloki aseguró que el Ministerio de Industria "no funciona", que "se ha desperdiciado la legislatura" y que este decreto "es una ocurrencia y una improvisación".