Se trata de un paquete de medidas y ayudas por valor de 7.000 millones de euros para cubrir los daños generados en los municipios y compensar a los miles de personas desalojadas, además de para mitigar el impacto en viviendas y comercios y apoyar a las empresas, a los trabajadores y los sectores agrícola y pesquero.

FAMILIAS

Un primer apartado de ayudas se centra en familias y hogares. El Gobierno cuadruplicará el importe de las indemnizaciones que establece la ley para las personas afectadas por daños personales, daños materiales en viviendas y enseres, así como establecimientos industriales, mercantiles o de servicio. También habrá ayudas directas para las más de 12.400 personas desalojadas, con una compensación de 150 euros por persona y día.

Esto supone, por ejemplo, para una familia de cuatro miembros que hayan permanecido 10 días fuera de su hogar, una ayuda directa de 6.000 euros. Y esta compensación va a ser compatible con otras ayudas a las que también puedan tener derecho, como los daños en las viviendas. Esas ayudas estarán exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades.

AYUNTAMIENTOS

El segundo apartado se refiere a ayudas para ayuntamientos. El Gobierno publicará la relación de los afectados después que finalice el proceso de peritaje. En este caso, el Ejecutivo transferiría 2.000 millones de euros para la reparación de infraestructuras municipales afectadas por lluvias e inundaciones.

Además, el Gobierno anticipará y financiará el 100% de esos daños, cuando la legislación general plantea un 50% de anticipo y un 50% de ayuda. El Ejecutivo permitirá que se pueda utilizar el superávit de 2025 para que se pueda emplear en inversiones para resarcir daños provocados por las borrascas.

También flexibilizará la regla de gasto para comunidades autónomas y corporaciones locales afectadas, de manera que no se computarán estas partidas presupuestarias. Y habrá un plan de empleo de 50 millones de euros para los ayuntamientos afectados.

MEDIDAS FISCALES

El tercer apartado se centra en medidas fiscales, que supondrán un ahorro de 350 millones de euros para los contribuyentes, con medidas como la exención del pago del IBI y la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas para 2026 en lo relativo a inmuebles dañados por las borrascas e inundaciones. En caso de que se haya ya realizado el pago, se podrá pedir la devolución de lo abonado.

También se incluye una reducción de módulo del IRPF y del régimen especial simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada.

Igualmente, se contemplan medidas laborales y de Seguridad Social, como la prestación del cese de actividad hasta el 31 de mayo para autónomos afectados, exenciones a empresas en ERTE por causa mayor o aplazamiento en las cuotas de Seguridad Social.

SECTOR AGRÍCOLA

El cuarto apartado se refiere al sector agrícola, con más de 2.100 millones de euros en ayudas directas para titulares de explotaciones inscritas en el registro de explotaciones agrarias de las zonas afectadas.

Igualmente, habrá ayudas de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca cuyo puerto base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva por el amarre de la flota que no haya podido salir a la mar.

El real decreto-ley prevé reducir de 35 a 5 el número de jornadas cotizadas (llamadas habitualmente peonadas) para cobrar el subsidio por desempleo o la renta agraria para trabajadores eventuales agrarios que vivan en los municipios afectados.

También se movilizarán 600 millones para reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas y 163 millones para la reparación de estructuras viarias y ferroviarias estatales.

COMERCIO

Y el quinto apartado son ayudas directas a los negocios dañados por las inundaciones, con 120 millones de euros para la hostelería y el comercio minorista de zonas afectadas, y una línea de financiación ICO de 100 millones de euros para daños agrarios y para las indemnizaciones correspondientes al Consorcio de Seguros.