La iniciativa, que salió adelante con 314 votos a favor y 32 abstenciones (de Vox), pone de relieve que una desaparición es un hecho que afecta tanto a la persona que desaparece como a sus familiares y allegados. Y aunque reconoce que en los últimos años se han producido avances en este asunto, como la creación en 2013 de una Comisión Especial para estudiar esta problemática o la instauración del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (Cndes), deja claro que quedan “iniciativas importantes” por abordar, como “dotar de un estatus jurídico a las víctimas, tanto directas como indirectas”.

De ahí que se instara a la creación de una subcomisión que, entre otros objetivos, plantea determinar el marco legislativo que afecta a las personas desaparecidas en España y las modificaciones legales necesarias, además de recabar las aportaciones de las organizaciones especializadas del Tercer Sector que trabajan directamente “con esta realidad” y, principalmente, elaborar una propuesta de Estatuto jurídico básico a partir de un informe en el que se recogerán las conclusiones sobre las medidas a tomar.

La subcomisión estará formada por 15 miembros (tres del PSOE y PP, dos de Sumar y Vox, y uno por cada uno de los restantes grupos). En un plazo de seis meses desde su constitución, deberá presentar un informe que será sometido a votación en la Comisión de Interior.

Ese documento se hará llevando a cabo todas las comparecencias que se consideren necesarias de expertos, organizaciones o víctimas. Asimismo, recabará información de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del Centro Nacional de Personas Desaparecidas e incorporará aportaciones de administraciones públicas, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fiscalía General del Estado y Colegios profesionales de la Abogacía y de la Psicología.