La proposición de ley avalada por la Cámara Baja, que ahora pasa al Senado, incluye numerosas reivindicaciones de los sindicatos, que incluso las plantearon en el propio Congreso el pasado mes de febrero. Así, estos empleados públicos tendrán derecho a percibir indemnizaciones por daños, sus informes o testimonios gozarán de presunción de veracidad, recibirán formación específica y tendrán más garantías de seguridad en el desempeño de sus funciones, como la separación de los reclusos cuando haya un procedimiento penal contra los funcionarios.

El texto, que aprobó la Comisión de Interior a finales de mayo, mantenía vivas las enmiendas de Vox y Junts, formación esta última que defiende que Cataluña tiene sus propias competencias e insiste en exigir que cualquier medida que implique un aumento de gasto en Cataluña sea sufragada por "quien toma la decisión", como apuntó la diputada Marta Madrenas durante la defensa de la misma. En el caso de la formación liderada por Santiago Abascal, el diputado David García dejó claro que el reconocimiento como agentes de la autoridad "es un paso importante, pero no basta", recordando que las plantillas o los salarios de este personal aún son insuficientes. Ambas enmiendas fueron rechazadas.

Durante el debate, que siguieron desde la tribuna representantes de los funcionarios de prisiones visiblemente contentos, la mayoría de los grupos, salvo ERC, mostraron su apoyo a la reforma, aunque dejaron claro que es solo el primer paso y que aún quedan otros problemas que solucionar.

EXCARCELACIÓN DE ETARRAS

El primero en tomar la palabra fue Alberto Catalán, de UPN, quien subrayó que con esta reforma se da "un paso muy importante" y remarcó lo "llamativo" de la mayoría con la que iba a salir adelante la iniciativa. De ahí que se preguntase: "¿Por qué no se aprobó antes?". Asimismo, consideró que aún quedan problemas por solventar, como el aumento de efectivos. Y aprovechó para denunciar la política penitenciaria del Gobierno y de sus socios, la cual permite que "salgan por la puerta de atrás presos terroristas sin haber cumplido su condena".

Tras él tomó la palabra Cristina Valido, de CC, quien aseguró que su formación estaba "contenta" con que se pusiese fin a una "injusticia histórica", insistiendo, como la mayoría de las formaciones, en que, si bien esta es una de las principales demandas de los funcionarios de prisiones, "hay muchas más" que resolver. Por ello, remarcó que este es un primer "impulso" para reclamar otras cuestiones. "Es un día importantísimo para la dignidad de los funcionarios, pero ni mucho menos es el final de esta durísima travesía", zanjó.

Por parte del PNV, Mikel Legarda también insistió en la tardanza en sacar adelante esta reforma y en el resto de problemas que existen en el interior de las prisiones, como las condiciones de vida y habitabilidad o la falta de personal ante el cada vez mayor número de presos.

RECHAZO DE ERC

Más crítica se mostró Pilar Valluguera, de ERC, formación que ya rechazó la ponencia en Comisión. La diputada republicana reiteró su voto en contra y alegó, entre otros, que Cataluña tiene sus propias competencias o que el mero hecho de reconocer la condición de agente de la autoridad a los funcionarios no resuelve "la multitud de problemas que existen en el día a día". Pero sobre todo insistió en rechazar el endurecimiento del Código Penal o las medidas coercitivas para resolver problemas que requieren "tratamientos sociales". Por ello, reclamó también un incremento de plantillas, mejoras de las instalaciones o un aumento de mediadores. Y zanjó criticando que, en lugar de profundizar en "principios humanitarios y de dignidad", se hace en los "principios del populismo de coerción".

Por parte de Sumar, el diputado Félix Alonso defendió que "el funcionario de prisiones no es un carcelero", sino "el primer eslabón de la reinserción", considerando al mismo tiempo que con una plantilla "maltratada, con miedo y sin medios, no se reinserta a nadie". Eso sí, también dejó claro que esta es solo una de las reformas necesarias para mejorar la política penitenciaria.

En representación del PSOE, David Serrada también se felicitó por esta reforma y por la mayoría alcanzada para sacarla adelante. Agradeció el trabajo de los más de 30.000 funcionarios de prisiones y destacó que su reconocimiento como agentes de la autoridad no responde a "una ocurrencia política", sino a una reivindicación "histórica" y "justa" de un colectivo que conoce "la realidad" de las prisiones.

Al mismo tiempo, aplaudió que la reforma sale adelante por la "voluntad de entendimiento de fuerzas políticas muy distintas" en tiempos en los que "parece que solo existe espacio para el enfrentamiento". "Cuando escuchamos y ponemos el interés general por delante, la política mejora la vida de la gente", remachó Serrada.

"NO ERA FÁCIL" UN ACUERDO

A favor, pero con un discurso muy duro, se mostró la diputada del PP Ana Belén Vázquez, quien comenzó apuntando que alcanzar un acuerdo con el PSOE "no era fácil", porque no es "el mejor momento" para llegar a un pacto "con el Ministerio del Interior", que "está salpicado de corrupción hasta las cejas".

Acto seguido, y elevando el tono, cargó contra los partidos que rechazan la reforma, como ERC y Bildu. En el caso de la formación abertzale, dijo que son "los herederos de ETA", los que "señalaban a los funcionarios de prisiones a los que secuestraban y asesinaban". "Por eso no se atreven a apoyar esta ley", subrayó visiblemente enfadada entre aplausos de la bancada popular. "Los pusisteis en el objetivo de la banda terrorista ETA", insistió. Y al igual que el resto de parlamentarios, dejó claro que esto ha sido "un paso", prometiendo que el PP "va a ir a más".