Durante la defensa de la iniciativa, el diputado Javier Celaya subrayó que se trata de “un problema burocrático que, pese a afectar a un número reducido de personas con discapacidad cada año, no deja de provocarles un impacto muy negativo en su día a día simplemente por descoordinación administrativa”.

“Me refiero a una casuística muy particular que se da en aquellas personas que, teniendo reconocido un grado de discapacidad con movilidad reducida que les da derecho a disponer de una tarjeta de estacionamiento, por circunstancias de la vida se mudan de localidad y pasan a residir en una comunidad autónoma diferente de aquella que les reconoció dicha discapacidad con movilidad reducida”, explicó.

A su juicio, de forma inmediata “no sufren ningún menoscabo”, puesto que las tarjetas de estacionamiento concedidas por las administraciones públicas competentes tienen validez en todo el territorio español, “sin perjuicio de su utilización en los Estados miembro de la Unión Europea”, si bien se preguntó “qué ocurre a la hora de su renovación”.

En este sentido, indicó que los procedimientos de renovación de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad “se ordenan de conformidad con las normativas autonómicas y se ejecutan desde las administraciones autonómicas o locales según el empadronamiento de la persona solicitante”.

ESTRUCTURA COMPETENCIAL

No obstante, denunció que esta estructura competencial descentralizada de la gestión de la discapacidad y de estas tarjetas “provoca dificultades añadidas en el siempre engorroso mundo de los trámites administrativos” a aquellos ciudadanos con tarjeta por movilidad reducida cuando deben tramitar su renovación si han cambiado su residencia y empadronamiento a otra comunidad autónoma de España.

“En el peor de los casos la renovación le vendrá denegada porque esa administración autonómica no tiene acceso al expediente médico administrativo que dio origen al reconocimiento de la discapacidad con movilidad reducida y en el más favorable deberá esperar meses a que se resuelvan los trámites de solicitud, envío, recepción y resolución del expediente”, criticó, convencido de que se podría haber solucionado en el marco de la transposición de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de octubre de 2024 por la que se establecen la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para Personas con Discapacidad.

En este contexto, y mientras el Gobierno “resuelve” la transposición de dicha directiva europea, invitó a la comisión a instarle a coordinar junto a las comunidades autónomas un procedimiento de intercambio de información a través de una plataforma de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto que facilite la renovación de las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad cuando la administración pública responsable de su emisión “no coincida con la administración autonómica que reconoció el grado de discapacidad con movilidad reducida”.

Por EAJ PNV, Noelia Rentería respaldó la iniciativa, si bien recordó que las competencias en materia de reconocimiento de la discapacidad y la gestión de estos procedimientos corresponden a las comunidades autónomas con el fin de garantizar que las administraciones puedan compartir la información necesaria cuando exista cobertura legal para ello.

ADECUADA Y EFICAZ

Por Sumar, Rafa Cofiño reivindicó la “adecuada y eficaz gestión de las tarjetas de discapacidad y de estacionamiento por parte de las comunidades autónomas y el trabajo eficiente que ya están realizando varias comunidades autónomas en este sentido”.

En paralelo, puntualizó que la plataforma de intermediación de datos “ya existe y es gestionada por el Ministerio para la Transformación Digital”, si bien admitió que la situación “puede ser mejorable”.

Por Vox, María Ruiz, coincidió con el PP en la importancia de “solventar este desaguisado competencial a través de una plataforma de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto” y estimó como “lo más lógico” la opción de disponer de una única tarjeta para todo el territorio nacional.

Por el PSOE, María Mercé Perea anunció su voto favorable y recordó que el objetivo de los poderes públicos debe ser “poner en el centro de las políticas a las personas y que estas sean las protagonistas de los avances legislativos”, convencida de que la petición del PP “puede generar un gran bienestar a la gente” y de que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia en tramitación “va en esa dirección”.

Por último, indicó que, “desde el punto de vista técnico, la interoperabilidad estaría garantizada inmediatamente” y, “de hecho, ya lo está para aquellas comunidades autónomas que lo utilizan”.