Tras este dictamen y su previsible aprobación posterior por el pleno de la Cámara, el Congreso no se verá finalmente obligado a pronunciarse sobre ningún caso concreto de posible "incompatibilidad".

Antes, más de una treintena de parlamentarios se han visto obligados a renunciar a segundas actividades, la mayoría relacionadas con la abogacía, por ser incompatibles con el ejercicio de la función de diputado.

En su reunión del miércoles próximo, la Comsión del Estatuto concluirá la recogida de documentación de la casi decena de diputados "rezagados" que "han tardado más tiempo del deseado en aclarar bien sus actividades y sus segundos ingresos", según Jordi Casas, portavoz de Convergncia i Unió en la comisión.

Estos casos están pendientes de resolución más por "despiste" de los afectados que por el hecho de que su situación sea "dudosa", explicó el diputado catalán.