Tras este dictamen y su previsible aprobación posterior por el pleno de la Cámara el jueves, el Congreso no se verá finalmente obligado a pronunciarse sobre ningún caso concreto de posible "incompatibilidad".

Para que esto ocurra así, más de una treintena de diputados se han visto obligados a renunciar a segundas actividades, públicas o privadas, la mayoría relacionadas con la abogací, por ser incompatibles con el ejercicio de la función de diputado.

Según miembros de la comisión, en la reunión de mañana se concluirá el análisis de la casi una decena de diputados "rezagados" que "han tardado un tiempo más que excesivo en aclarar perfectamente sus actividades y sus segundos ingresos".