En las dos ocasiones anteriores, el Gobierno las incluyó como parte del decreto ómnibus, que decayó en su tramitación en enero y en un segundo intento en febrero, y en esta ocasión las presentó de manera independiente, lo que congregó el voto favorable del PP y también de Junts, no así de Vox. Además, se aprobó tramitarlo por el procedimiento de urgencia.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió la aprobación del real decreto-ley que contempla una financiación de 157.731 millones de euros para las comunidades autónomas de régimen común y las dos ciudades autónomas.

En el debate, el ministro aludió precisamente a este tercer intento de aprobación para criticar al PP que en los dos anteriores votara en contra. “Entenderán que no resulta razonable reclamar más financiación en los territorios un día sí y otro también y bloquearla después en esta Cámara”, echó en cara el ministro, motivo por el que pidió a los diputados del PP que “no se dejen llevar por posiciones cortoplacistas guiadas por un interés puramente electoral” y “sean responsables y acepten más recursos”.

El ministro puntualizó que la norma sometida a votación “no introduce cambios estructurales en el sistema de financiación autonómica”, pues existe una propuesta de reforma integral que confió en dialogar. España dijo que el real decreto-ley “no es partidista” y “no distingue territorios y colores políticos”.

Esta actualización de las entregas a cuenta, con 157.731 millones de euros, supone un incremento del 7% respecto al año anterior. La cifra asciende a 173.300 millones de euros si se suma la liquidación del año 2024, con lo que el aumento sería del 7,7%.

Incluye como novedad el establecimiento de un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan destinar además el superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda, lo que supondrá que más de 2.500 entidades locales movilicen más de 3.100 millones adicionales. Además, por primera vez se establece un régimen plurianual para las inversiones en vivienda de los ayuntamientos.

El ministro consideró que “esta inyección histórica de recursos” provoca que los ciudadanos se pregunten por qué no se reducen las listas de espera o mejoran las condiciones de los funcionarios y criticó que “en algunos casos estos aumentos de recursos se han dedicado a bajar los impuestos” a rentas altas y privatizar servicios públicos. “El Gobierno financia y transfiere, pero las comunidades autónomas son las que tienen la gestión” y “más financiación exige más responsabilidad en la gestión”, concluyó.

Entre los grupos, Junts había anticipado antes de que comenzara el debate que votaría a favor y en el Pleno, su diputado Josep María Cruset afirmó que hoy se aprobaba “nuestro real decreto”, y de paso dejó el recado al Gobierno de que “no pretendan hacer ver que esto es un éxito del Gobierno”, pues “con su debilidad actual no les queda ninguna otra opción que convocar elecciones”.

ERC también se pronunció a favor, aunque juzgó que el real decreto-ley se queda “a medio camino” y pidió una reforma más profunda de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los territorios tengan mayor capacidad de decisión.

Los grupos vascos también apoyaron la norma aunque el PNV criticó la “normalización” del uso de la figura del real decreto-ley, reservada a asuntos de urgente necesidad, y Bildu reclamó que se permita a los ayuntamientos decidir en qué invierten sus recursos.

En cambio, PP y Vox criticaron al Gobierno por distintos motivos. El PP justificó su voto en contra en ocasiones anteriores porque mezclaban asuntos de distinta índole aunque su posición era favorable a la actualización de las entregas a cuenta y criticó que los grupos sostengan al Gobierno pese a la “mierda” que ven, en referencia a la corrupción, porque reciben a cambio dinero. Vox también criticó el uso recurrente del real decreto-ley y pidió adelgazar la estructura del estado autonómico.

Sumar y PSOE, partidos que cogobiernan, aplaudieron la norma y coincidieron en dirigir sus críticas al PP por “despilfarrar” los recursos que reciben sus comunidades autónomas del Estado central y por votar en contra de bajadas de impuestos que propone el Gobierno cuando las defienden.