El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que se trata de un real decreto “necesario y proporcionado”, que da respuesta a las necesidades humanas, protege a las víctimas y da seguridad jurídica.

“Este real decreto hace algo sencillo pero importante: protege a las víctimas, da seguridad jurídica, permite que las administraciones públicas respondan y hace que el Estado esté donde tiene que estar cuando más se le necesita”, manifestó el ministro.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del PP César Sánchez Pérez ironizó con que el Gobierno fue más rápido “en rescatar aerolíneas”, en relación a Plus Ultra, el caso por el que está siendo investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que “en ayudar a las víctimas de la dana”.

El popular admitió que el real decreto presentado por el Gobierno “es necesario, pero también insuficiente”, y lo calificó como “una maraña más” del Ejecutivo, más que como un decreto de reconstrucción.

Sánchez Pérez también reclamó un nuevo modelo de financiación o un fondo de nivelación transitario para la Comunidad Valenciana, y le avisó de que si no lo hace “será un mal valenciano”.

El resto de grupos parlamentarios también expresó su respaldo al decreto, si bien reprocharon al Gobierno que el texto llega tarde y le recordaron que no puede recurrir de forma habitual a una vía excepcional como el real decreto.

Entre los grupos que afearon el retraso del texto estuvo Compromís, aunque reconoció que va “en la dirección correcta”, como expresó la diputada Águeda Micó. También reclamó “instituciones a la altura” de lo vivido con la dana y sentenció que el Gobierno de la Generalitat, del PP, no lo estuvo ni lo va a estar.

Desde Coalición Canaria, la diputada Cristina Valido aseguró que su partido nunca votará en contra de un decreto de alivio fiscal, pero aprovechó su intervención para preguntar dónde quedan los compromisos adquiridos con la isla de La Palma tras la erupción del volcán en 2022.

“La reconstrucción de La Palma no ha finalizado. El Gobierno se comprometió a no abandonar hasta que la reconstrucción haya finalizado”, recordó, y también pidió más oxígeno financiero para las entidades locales, sobre todo aquellas con superávit.

El diputado de Podemos Javier Sánchez Serra admitió que el real decreto contiene “elementos necesarios y positivos”, pero deja fuera cuestiones a su juicio importantes en caso de catástrofe, como la intervención de los mercados para evitar la especulación. “Este real decreto, como este Gobierno, se queda a medias”, apuntó.

Por su parte, la diputada Idoia Sagastizabal, del PNV, cuestionó “la práctica de convertir la vía excepcional en la forma de gobernar”, sin que exista un diálogo previo para enriquecer los textos y dejando el Parlamento como una “ventanilla de validación de decisiones ya tomadas por el Ejecutivo”.

Sagastizabal también propuso abordar una flexibilización de reglas fiscales para ayuntamientos y comunidades autónomas, de forma que puedan utilizar sus recursos para las necesidades de su competencia.

ERC también votó a favor porque “hay personas afectadas que en este momento no pueden esperar más”, como dijo la diputada Teresa Jordá en su turno de fijación de posiciones. “Es de sentido común que las ayudas de emergencia no tengan que tributar. No se puede pedir a una familia que ha perdido todo que paguen por una ayuda destinada a intentar reconstruir su vida”, manifestó, e incidió en que “el Estado sigue llegando tarde”.

Sumar respaldó el decreto porque “es necesario” y ayuda al pueblo valenciano tras la tragedia, según el diputado Nahuel González López.

Por el PSOE, la diputada Marta Trenzano resaltó que el Gobierno “ha hecho lo que tenía que la obligación de hacer: responder” y acusó al PP y Vox de construir un discurso “exculpatorio” en la Comunidad Valenciana.

La única abstención al decreto fue la de Vox, que exigió al Gobierno la aplicación de “políticas preventivas de carácter nacional”. Asimismo, el diputado Pablo Saez comentó que el decreto no contaba con ninguna memoria económica porque el Ejecutivo es “incapaz de presentar una cuantificación de las medidas que proponen”.