El decreto salió adelante por 293 votos a favor y 53 abstenciones. Además, se tramitará como proyecto de ley por la vía de urgencia, de forma que se podrán introducir enmiendas por parte de los partidos políticos.

En la presentación del texto, al que mostraron su apoyo todos los grupos políticos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que “esta es una norma de reparación, reconocimiento y dignidad, imprescindible para democratizar el trabajo en nuestro país y restañar esa gran herida” con el colectivo de personas empleadas de hogar, en su mayoría mujeres.

Además, destacó que se cumple un “mandato internacional” y recordó que España ha ratificado este año el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo, precisamente, a los derechos de las empleadas de hogar.

Para Díaz, el decreto que equipara los derechos laborales de las trabajadoras de hogar “es una norma que debe integrar el ordenamiento jurídico español porque es deber garantizar a la ciudadanía un trabajo decente y en condiciones de igualdad".

Del mismo modo, agradeció a las asociaciones de este colectivo su “movilización sin tregua” que, según Díaz, ha sido lo que ha hecho posible esta norma, junto al trabajo de los funcionarios. “Esta debe ser nuestra aspiración como servidores y servidoras públicos: reparar lo que está dañado en nuestra sociedad”, zanjó la vicepresidenta segunda.

MEDIDAS

El texto legal resuelve la equiparación con las personas trabajadoras por cuenta ajena tanto en el ámbito del sistema extintivo de la relación laboral como en el de la prestación por desempleo. También garantiza la protección de la seguridad y salud de las personas al servicio del hogar familiar equivalente a la de cualquier otra persona trabajadora, esencial no sólo para asegurar la equiparación de condiciones que exige la normativa antidiscriminatoria de la Unión Europea y el Convenio 189 de la OIT, sino también para garantizar el derecho constitucional a la salud que corresponde a todas las personas.

Además, proporciona cobertura en el ámbito de la garantía salarial a las personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de insolvencia o concurso de las empleadoras.

Será obligatorio cotizar por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a partir del 1 de octubre. Para que estas cotizaciones no supongan un sobresfuerzo económico para los empleadores, estos tendrán derecho a una bonificación del 80% en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al FOGASA en este Sistema Especial.

Se mantiene la reducción de un 20% en la aportación empresarial a la cotización por contingencias comunes correspondiente a este Sistema Especial. Además, se van a incrementar los tramos de bonificación superiores al 20%, en función de la composición del hogar y también de los niveles de renta y de patrimonio, lo que permitirá aumentar el número de beneficiarios. Los requisitos de estas bonificaciones se fijarán reglamentariamente.

El decreto también establece que los empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que presten sus servicios durante menos de 60 horas/mes por empleador, eliminándose la posibilidad de que sean los trabajadores los que soliciten directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

Se elimina la figura del desistimiento, que permitía el despido sin causa y, por tanto, sin las garantías del despido para tales situaciones al permitir prescindir de las trabajadoras del hogar sin justificar causa alguna. A partir de ahora se deberán acreditar los motivos que puedan dar lugar a la finalización del contrato con las empleadas extendiendo, por tanto, la protección frente al despido.

El Gobierno desarrollará políticas de formación y acreditación para las personas empleadas del hogar dedicadas al cuidado o la atención de las personas que formen parte del ámbito doméstico y familiar.

Finalmente, la norma establece también el compromiso de creación de una comisión de estudio cuyo objetivo es la inclusión de la perspectiva de género en el cuadro de enfermedades para que se identifiquen y se corrijan las deficiencias que existen en el ámbito de la protección ante las enfermedades profesionales de los trabajos desarrollados mayoritariamente por mujeres.

FAMILIAS NUMEROSAS

Durante el debate en el Pleno, Unidas Podemos y el PSOE calificaron de “gran avance” el texto. Por su parte, la diputada del PP Alicia Rodríguez apoyó el texto pero exigió al Gobierno que no les “dé lecciones” de defender a los más vulnerables cuando no deflacta el IRPF a las rentas más bajas. Añadió que su formación “dice sí” a la equiparación y “mayor protección” de las empleadas de hogar, aunque lamentó que una parte de este colectivo queda fuera de la ley por estar ubicadas en la economía sumergida.

Igualmente, alertó de que las familias tendrán que afrontar un mayor coste, especialmente las numerosas, a quienes se ha eliminado la bonificación parcial de las cuotas a la Seguridad Social. “Si se les aumentan los costes habrá menos contratos, se les reducirán las horas, habrá más economía sumergida, más contratos irregulares y muchas mujeres, siempre las mismas, renunciarán a trabajar y volverán al hogar”. Asimismo, subrayó que desde que gobierna Pedro Sánchez se han destruido más de 46.000 empleos domésticos.

Pero la diputada del PSOE Mercè Perea desmintió que se haya eliminado la bonificación a las familias numerosas y pidió al PP que “no mienta”. Según indicó, “a partir de ahora estas trabajadoras tendrán una jornada digna, un descanso regulado, una retribución garantizada y el derecho a la prevención de riesgos laborales”.

La diputada de Vox María Ruiz acusó al Gobierno de ser quienes han “discriminado” a las empleadas de hogar y de “mentir” sobre Vox, porque ellos defienden subidas salariales, especialmente para los que menos cobran. También criticó que el Ejecutivo obligue a “elegir” si “se deja en la cuneta” a las empleadas de hogar o a las familias numerosas.

ABORRECE A LAS FAMILIAS

Ruiz defendió la apuesta por la familia que realiza su formación política y espetó al Gobierno: “No se puede legislar en asuntos que competen a las familias cuando se aborrece a nuestras familias. No se puede hacer una ley para mejorar las condiciones de las empleadas de hogar, cuando lo que quieren es que no haya hogares en los que trabajar. Eso es lo que a ustedes les pasa. Detestan a nuestras familias, especialmente si son numerosas”.

Desde Ciudadanos, Sara Giménez aplaudió el texto pero denunció que “llegamos tarde por falta de voluntad política”, criticando que el texto se está aprobando ahora finalmente a consecuencia de la sentencia de la Justicia europea que declaró “discriminatoria” la exclusión de la prestación por desempleo de las empleadas de hogar.

La parlamentaria de Esquerra Republicana María Carvalho exigió que se modifique la legislación en materia de extranjería para proteger los derechos de las empleadas de hogar y lamentó que estas cuestiones, en España, “siempre sean lo último, de lo último, de lo último”. También reprobó que el decreto establezca “indemnizaciones y derechos prestacionales distintos”, lo que “es injustificable”.

HERENCIA COLONIAL ESCLAVISTA

Asimismo, denunció que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está desmontando la legislación sobre derechos de empleadas de hogar, lo que la diputada republicana atribuyó, en parte, a la “herencia colonial esclavista” de España.

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, aprovechó su intervención en la Tribuna del Congreso para leer ofertas de empleo doméstico en condiciones precarias en las que incluso se ofrece un salario de 100 euros al mes.

También respaldaron el decreto PDeCat, Foro Asturias, el BNG, la CUP, Bildu, PNV y Esquerra Republicana, aunque indicaron que existen cuestiones por mejorar.