La proposición de ley modificaría la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, actualmente vigente, para devolverla a su redacción original del artículo 23, el referido a la jurisdicción universal, eliminando las reformas que se introdujeron en 2009, 2014 y 2015 restringiéndola primero a que la víctima fuera española y después a que el victimario residiera en España.

Si prosperase la iniciativa de Sumar, la condición para que un juez español pueda investigar un crimen da varias posibilidades, pues es que "deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión con España y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado un procedimiento judicial con garantías que suponga una investigación y una persecución efectiva y eficaz".

Presentó la iniciativa el portavoz de Justicia de Sumar y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, quien comenzó diciendo que España fue un país “precursor” en jurisdicción universal, ya incluido en la Ley de 1985, lo que, según él, dio “prestigio” y otorgó estatus de “modelo de valentía” a la justicia española.

“Oponerse a la jurisdicción universal es facilitar la impunidad a los grandes violadores de los derechos humanos”, proclamó, alegando que la soberanía nacional no puede ser una excusa para impedir la persecución de los crímenes y que si un país no puede o no quiere acometerla, debe hacerlo otro país. Santiago reivindicó que no hay diferencia entre países ni principios ideológicos o nacionales que puedan justificar las violaciones de derechos humanos. Y, ante las críticas de posibles usos ideológicos o políticos de la jurisdicción universal, contrapuso que eso también se puede afear a la jurisdicción nacional.

Luego criticó la primera limitación que se hizo a la jurisdicción universal durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 restringiéndola a crímenes cometidos sobre españoles, y, después, ya con el Gobierno de Mariano Rajoy, las de 2014 y 2015, prohibiendo primero la posibilidad de acusación popular en los procedimientos y después eliminando del todo la jurisdicción universal. Dio por hecho que el PP y Vox iban a votar en contra, pero insistió en que, recuperándola, la justicia española recuperaría “un prestigio del que está muy necesitada”.

INTERCAMBIO CON VOX

Vox solicitó el turno en contra, y su diputado José María Sánchez lo inició tachando de “desvergüenza” la iniciativa, dado que Santiago es secretario general del PCE y el comunismo es, según él, “la ideología más mortífera de la historia”, también a veces en España. “Usted ni olvida ni perdona”, espetó a su interlocutor, recomendándole la obra del comunista francés arrepentido Alain Besançon.

Por otra parte, subrayó la “contradicción” de que esta propuesta amplía la soberanía de España, en este caso la judicial, mientras que la va “despojando progresivamente” con su “proceso federalizante” y su enfoque “plurinacional”. Para Sánchez, la jurisdicción universal ya está excesivamente incluida en el ordenamiento jurídico español. Finalmente, criticó que la exposición de motivos cite como países donde investigar delitos Argentina, Chile y Guatemala pero no la Cuba comunista ni la Nicaragua sandinista o de Daniel Ortega, Bolivia o Ecuador. Y remató que “no hay reacciones legales” para esta iniciativa, sino sólo activismo político en los tribunales: es decir, el mismo ‘lawfare’ que critica la izquierda.

Santiago replicó proclamando su “orgullo” de ser comunista, pero a la vez defendió que las víctimas no tienen ideología, y animó a Sánchez a perseguir por tanto también a las víctimas del comunismo a las que había aludido. Para ello, le invitó a votar a favor de la herramienta necesaria, esta proposición de ley, que él le traía. Subrayó que para ejercerla hará falta algún vínculo con España, pero no necesariamente que el agresor o la víctima sean españoles, salvo en el caso de genocidio, donde no hará falta dicha vinculación.

“No deje ninguno de esos graves crímenes en la impunidad. Ánimo”, terminó invitando al diputado de Vox, quien, en su vuelta a la tribuna, sentenció que los tratados internacionales se integran automáticamente en el Derecho español sin necesidad de aprobar leyes como ésta que propone Sumar, y que el Gobierno lo que tiene que hacer es ocuparse de que no quede en la impunidad el “crimen” del 1-O en Cataluña. “No se vaya tan lejos, no se deje llevar por su internacionalismo trasnochado”, finalizó.

PP, PSOE Y PARTIDOS CATALANES

En el turno de fijación de posición, María Jesús Moro, del PP, recordó que el Tribunal Constitucional ya avaló hace cinco años la reforma de la jurisdicción universal que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, y preguntó, después de años de silencio, “qué ha cambiado” para retomar ahora el tema y “si será Hamás”. Al final aseguró que hay muchas formas de adoptar la jurisdicción universal en los ordenamientos nacionales y que la vigente es plenamente válida.

Antes, llamó la atención sobre el hecho de no hay jueces ni recursos para las causas judiciales ni para los Cuerpos de Seguridad, pero que los grupos de la Cámara quieren expandir la jurisdicción universal. Preguntó a qué casos quieren llegar y a cuáles no, dado que, según ella, el Gobierno no ha dado curso a la petición del Parlamento Europeo de que se esclarezcan los crímenes de ETA, y cómo es que ahora se considera a los jueces españoles tan fiables como para investigar hasta en el extranjero.

En representación del PSOE habló Hana Jalloul, que defendió que los delitos más graves “no deben quedar impunes” y, como Santiago, que España estuvo a la cabeza y fue referente para otros países, y lamentó que perdió ese puesto con gran “daño reputacional” con la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy en 2014, aprobada únicamente por el PP, en lectura única y sin debate, mientras que defendió la que hizo el de Zapatero en 2009 al exigir un vínculo con España para investigar los crímenes.

La diputada socialista se mostró partidaria de abrir el debate a estos temas, presumió de que España es referente en derechos humanos, de las mujeres, de las personas Lgtbi y de las causas justas y apoya que no haya más muertos en Gaza y a la vez Hamás libere a los rehenes israelíes. Al PP le dio la bienvenida a apoyar la solución de dos Estados pero a la vez le volvió a instar a renovar el CGPJ.

La diputada Pilar Vallugera expuso la posición de ERC, avanzando su voto a favor y avisando antes de empezar que Sánchez, de Vox, había justificado el nazismo. Advirtió de que España había sufrido una regresión en su concepto de jurisdicción, pero preguntó a Sumar si, después de aprobar su iniciativa, la acompañarán con el mantenimiento de la ley mordaza o los CIE, y cómo lo ejecutarán con la presencia de algunos jueces.

En nombre de Junts, Josep Maria Cervera recordó que su grupo ya ha defendido la prevalencia del Derecho Internacional sobre el español, ejercido por las cúpulas judiciales “con aires de colonialismo rancio”. Lamentó, por ejemplo, que jueces supuestamente progresistas detuvieran ya en los años 90 a independentistas o ampararan torturas, y aseguró que ahora partidos de izquierda se dan cuenta de que la represión es contra cualquier diferencia. Sobre la propuesta de Sumar, se limitó a decir que la estudiarán y, en su caso, presentará enmiendas.

RESTO DE PARTIDOS

Jon Iñarritu, de EH Bildu, celebró la iniciativa como “un paso en positivo” para ”evitar la impunidad”, 10 años después de que le Gobierno de Rajoy “saboteó la ya restringida jurisdicción internacional”, pero expresó su miedo de que “quede en un armario y no se le dé continuidad por las dudas que suscita en algunos ministerios”. Iñarritu defendió también la justicia colaborativa entre varios países, para que luego juzgue los crímenes el que mejor pueda investigarlos, y contradijo a Vox en su aseveración de que el Derecho Internacional se aplica automáticamente al señalar que el Tratado de Roma instó a los Estados a aprobar medidas que remuevan todos los obstáculos.

Por el PNV, Mikel Legarda constató que la plenitud de la jurisdicción universal acuñada en 1985 se fue desvirtuando con las sucesivas reformas hechas, a su juicio, “de tapadillo” dentro de otras modificaciones, y “dejando sin protección a los españoles de los crímenes más atroces cuando se encuentren en el extranjero”. Y finalizó anunciando su voto a favor “a fin de propiciar un debate constructivo”, y a pesar de sus recelos a los posibles conflictos con otros países.

En el Grupo Mixto, Martina Velarde, de Podemos, que firmó el registro de la proposición cuando formaba parte de Sumar, recordó que Unidas Podemos ya presentó iniciativas parlamentarias en la pasada legislatura en favor de la jurisdicción universal, pero el PSOE las tumbó. Incluso, pidió perdón por la tardanza en volver a debatir esta propuesta, lo que en el fondo implicaba presentarla como propia. Y pidió al Gobierno hacer uso de esta ley para “impedir el genocidio en Palestina”.

Néstor Rego, del BNG, avanzó su voto a favor apuntando en particular a los crímenes del sionismo y defendiendo que hacen falta herramientas como ésta. Sin embargo, señaló la incoherencia de que se puedan perseguir delitos de lesa humanidad fuera de España pero no dentro, por la Ley de Amnistía de 1976. Por fin, Cristina Valido, de Coalición Canaria, denunció la “hipocresía” de preocuparse por la jurisdicción universal y mirar “para otro lado” en el caso de los menores inmigrantes residentes en Canarias.