La proposición, que previsiblemente será aprobada, al contar con el apoyo de todos los grupos de la Cámara salvo el PP, no cita expresamente a Trillo, pero sí dice que "la responsabilidad afecta directamente a las autoridades políticas que ejercían las máximas funciones de dirección de la Administración militar y de la Defensa en el tiempo en el que tuvieron lugar los hechos".

La iniciativa del PSOE indica que "la responsabilidad de los poderes públicos por las graves negligencias detectadas en el seguimiento y control de la contratación y del vuelo del avión siniestrado, así como por los importantes errores del proceso de identificación de cadáveres, no corresponde exclusivamente a las instancias militares".

Las únicas responsabilidades por el accidente han recaído hasta el momento en militares: la cúpula de las Fuerzas Armadas fue cesada en pleno por el ministro José Bono, mientras que en la Audiencia Nacional los únicos imputados son los militares responsables de la identificación errónea de una treintena de cadáveres.

La proposición del PSOE también considera que el actual Gobierno "ha adoptado las medidas adecuadas a garantizar la máxima seguridad en los desplazamientos al extranjero de los militares que desempeñen misiones oficiales y ha garantizado a los familiares de los fallecidos en el accidente la justa reparación por su pérdida y los daños irrogados".