Además, se votan los objetivos de estabilidad presupuestaria, que son el paso previo para elaborar los Presupuestos Generales de 2024. Los decretos que se votan el miércoles decaerán si los socios del Gobierno no los apoyan o no se abstienen. El PSOE necesita conseguir mayoría simple, es decir, más votos favorables que en contra. De tener votos en contra de varios de sus socios en el Parlamento, necesitaría la abstención del PP.

El primero de los decretos que se somete a debate incluye la prórroga de las medidas anticrisis, entre las que se encuentran las rebajas fiscales a los alimentos y la energía. La rebaja del 4% al 0% del IVA de los alimentos de primera necesidad y la reducción del 10% al 5% del IVA de aceites y pastas entró en vigor en enero de 2023, junto con la limitación del descuento de 20 céntimos para la gasolina y el diésel a los transportistas, los agricultores, los pescadores y las navieras. Con el decreto que se votará el miércoles se pretende prorrogar dichas medidas, incluidas en el tercer paquete de iniciativas para paliar las consecuencias derivadas de la guerra en Ucrania.

Por otro lado, el Congreso decidirá sobre el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Incluye medidas para favorecer la renovación de la planificación, organización y gestión de los recursos humanos en las administraciones públicas; el refuerzo de la transparencia y la agilidad de los procesos selectivos, y la regulación de la evaluación del desempeño. Esta norma cumple en plazo y forma con varios compromisos recogidos en el Plan de Recuperación pactado con la Comisión Europea. Esto permitió al Gobierno solicitar con todas las garantías el cuarto desembolso correspondiente a los fondos europeos asignados a España.

Por último, el decreto de reforma del subsidio de desempleo podría tener el voto en contra de Junts y también de Podemos. Si sale adelante, esta reforma aumentará la cuantía de la ayuda hasta los 570 euros durante el primer semestre y bajaría hasta los 530 en el segundo, mientras que se permitirá que esta prestación pueda compatibilizarse durante seis meses con la vuelta al mercado laboral.

ACERCAMIENTO CON EL PP Y NEGATIVA DE JUNTS

Desde el PP y el PSOE reconocieron contactos pero sin concretar avances en la negociación. De hecho, el presidente del PP, Aberto Núñez Feijóo, se ofreció este martes a "salvar" con iniciativas propias los puntos de los decretos que su partido comparte en caso de que no salgan adelante en el Congreso.

Junts se ha posicionado inicialmente en contra de los tres decretos, pese a que ERC anunció que votará a favor. La formación de Carlos Puigdemont pretende introducir cambios como una penalización a las empresas que se fueron de Cataluña y no quieran volver, asunto sobre el que el PSOE ha avanzado que está negociando con Junts facilidades para el retorno de empresas. Así, los decretos podrían tramitarse como proyectos de ley para introducir cambios, si bien tienen que haber sido aprobados previamente.

Asimismo, este lunes, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que se encontraba en “conversaciones” con Podemos para lograr su voto favorable al decreto que reforma el subsidio por desempleo y confió en que “en breve” la formación “pueda anunciar su voto favorable”. Podemos reclama la eliminación de la rebaja progresiva de la cotización para dar su visto bueno al decreto de reforma del subsidio por desempleo. El texto contempla rebajar la base de cotización para la jubilación hasta el 105% en 2027 en el caso de los mayores de 52 años que cobran la prestación. Montero explicó que “la sobre-cotización que figuraba anteriormente” al decreto del 125% venía como consecuencia de que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) “era realmente bajo” y defendió que “hemos incrementado más de un 45% el SMI y eso implica que en este momento no es necesaria esa sobre-cotización que afectaba a los mayores de 52”.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

El Pleno continuará con el debate sobre el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, con el que se inicia la elaboración de los Presupuestos de 2024.

El ‘techo de gasto’ tiene una cuantía para este año de 199.120 millones de euros incluyendo los fondos europeos, un 0,5% superior al de 2023 y cifra récord. Incorpora 9.905 millones de fondos europeos -no de la adenda, que se considera gasto financiero- y sin esta cifra, el límite de gasto sería de 189.215 millones, un 9,3% por encima de la equivalente de 2023.

El déficit de todas las administraciones públicas, que se prevé que cierre en el 3,1% en 2023, será del 3% para 2024, bajará al 2,7% de 2025 y al 2,5% en 2026, tal y como se remitió a Bruselas en el Programa de Estabilidad el pasado mes de abril. La administración central tendrá un déficit del 2,7% en 2024, en favor de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tendrán flexibilización con respecto a lo remitido a Bruselas en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, y dispondrán de un déficit de una décima para las autonomías, frente al equilibrio previsto en abril, y equilibrio para las entidades locales, frente al superávit de dos décimas establecido en abril.

Para 2025 y 2026, las comunidades y los ayuntamientos tendrán equilibrio, mientras que la administración central bajará su déficit al 2,6% y 2,5%, respectivamente. En el caso de la Seguridad Social se espera un déficit de dos décimas el próximo año, de una en 2025 y equilibrio en 2026.

En cuanto a los objetivos de deuda pública, la previsión es terminar 2023 en el 110% del PIB, que en 2024 baje al 106,3%, al 105,4% en 2025 y al 104,4% en 2026. Estas cifras son casi tres puntos menos en 2024 y 2025 y otros dos menos en 2026 con respecto a lo recogido en el Programa de Estabilidad de abril. Por subsectores, las comunidades autónomas situarán su deuda en el 21,7% en 2024, en el 21% en 2025 y en un 20,3% en 2026, y las entidades locales llegarán al 1,4% en 2024 y al 1,3% tanto en 2025 como en 2026.

Montero deberá defender ante las Cortes la senda de estabilidad con los objetivos de déficit y de deuda pública, primero en el Congreso este miércoles y después en el Senado. El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, podría tumbarla. No obstante la ministra de Hacienda avisó de que si el PP bloquea la senda hasta en dos ocasiones, se volvería a la que se plasmó en el Programa de Estabilidad del pasado mes de abril, más exigente, a tenor de un informe jurídico de la Abogacía del Estado que maneja. Con ello, la tramitación se podría dilatar en el tiempo.

Pese a eso, Montero mantiene que los Presupuestos los tendrá listos hacia el final del primer trimestre o principios de abril.

Este martes, a pesar de seguir sin poder cerrar los apoyos necesarios, desde el Gobierno se mostraban optimistas sobre la posibilidad de sacar adelante los decretos.