Esta es la tercera vez que el Ejecutivo lleva las entregas a cuenta al Congreso. En las dos anteriores, las incluyó como parte del decreto ómnibus, que decayó en su tramitación en enero y en un segundo intento en febrero.

En esta ocasión, Hacienda llevará los recursos para la financiación de las comunidades autónomas en un real decreto independiente y espera conseguir el respaldo del PP. Este partido gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas y sus propios consejeros han reclamado al Ministerio la llegada de estos fondos.

A comienzos de junio, cuando el Gobierno aprobó el real decreto, el ministro de Hacienda, Arcadi España, se dirigió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para invitarle a “reflexionar y convalidar” esta medida en el Congreso por sus beneficios para las comunidades autónomas y las entidades locales. No pase la factura a las comunidades autónomas por ganarse un titular en el Congreso”, recomendó España a Feijóo.

CIFRA RÉCORD

Esta actualización de las entregas a cuenta, con 157.731 millones de euros, supone un incremento del 7% respecto al año anterior. La cifra asciende a 173.300 millones de euros si se suma la liquidación del año 2024, con lo que el aumento sería del 7,7%. Estos recursos representan la cifra más alta de la historia en recursos para las comunidades autónomas.

Hacienda destacó que la cantidad aprobada en el Consejo de Ministros es un 64% superior a la última aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018.

Las entidades locales recibirán 29.247 millones de euros, un 8,8% más que en 2025, y un 67,5% por encima de 2018. Si se tiene en cuenta la liquidación de 2024, el volumen de fondos para las entidades locales ascenderá a 30.073 millones de euros disponibles para financiar los servicios de proximidad.

El ministro de Hacienda recalcó que esta mejora de las partidas en ocho años, tanto para las comunidades autónomas como para las entidades locales, ha sido posible gracias “a las políticas económicas del Gobierno” y a los “mayores ingresos públicos”.

Ante este incremento de los recursos para las comunidades autónomas y entidades locales, el ministro de Hacienda lamentó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que muchos ciudadanos “no lo vean reflejado en los servicios públicos”, como la sanidad o la educación, competencia de los gobiernos autonómicos.

“Siempre se habla solo de ingresos, pero es un momento bueno para reflexionar sobre las competencias de las comunidades autónomas”, planteó el ministro de Hacienda. También se preguntó si ese dinero está yendo a recortar las listas de espera y a mejorar las condiciones laborales de los profesores, como los de la Comunidad Valenciana, o si se destina a bajar los impulsos a las rentas altas y privatizar los servicios.

INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES

El real decreto que se tramitará el jueces en el Congreso también contempla que los ayuntamientos que tengan superávit presupuestario en 2025 puedan destinar esos recursos a inversiones financieramente sostenibles (IFS), sin que compute a efectos de regla de gasto.

Hacienda calcula que esto puede beneficiar a 2.544 entidades locales con un volumen de recursos de 3.168 millones de euros para IFS. El plazo de ejecución se prolonga hasta 2027.

El texto aprobado este martes en el Consejo de Ministro incluye como novedad el establecimiento de un régimen excepcional para que los ayuntamientos puedan utilizar además del superávit de 2025, los de 2026, 2027, 2028 y 2029 a inversiones financieramente sostenibles en vivienda.

El Ministerio precisó que el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros contempla que las IFS, tanto las de vivienda como el resto, puedan tener carácter plurianual de hasta cuatro años. Por lo tanto, si un ayuntamiento registró superávit en 2025, podrá utilizar ese saldo fiscal positivo para invertir en un proyecto que se inicie este año y se alargue la ejecución hasta 2030. Esto permitirá abordar inversiones más ambiciosas.

A esta medida de IFS plurianual también podrán acogerse las entidades locales con superávit de 2024 por importe de 3.368,5 millones de euros que comprometan gasto en 2026 para la ejecución de inversiones plurianuales a realizar hasta 2030.

OTRAS MEDIDAS

Las entidades locales con una situación financiera saneada no tendrán la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago (PMP).

El real decreto también contempla que los ayuntamientos no tendrán que devolver al Estado las cuotas percibidas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la telefonía móvil que han sido objeto de sentencias judiciales del Tribunal Supremo.