Seguridad Social
El Congreso extiende la pensión de viudedad para parejas con hijos sin vínculo legal y amplía la CUME en casos de discapacidad
- PP y Vox reprochan al Gobierno electoralismo y “uso y abuso” con los reales decretos, aunque solo los de Abascal votan en contra
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La Diputación Permanente del Congreso convalidó este miércoles, por 63 votos a favor y seis en contra, los de Vox, el real decreto-ley que establece que los progenitores con hijos con enfermedades graves o cáncer podrán percibir la CUME más allá de los 26 años cuando el afectado tenga una discapacidad superior al 65% o un grado 3 de dependencia, que las parejas con hijos en común podrán acceder a la pensión de viudedad tras dos años de convivencia sin vínculo legal, y que introduce mejoras en la protección en situaciones de patologías derivadas de la menopausia, de violencia machista y de catástrofes como incendios o temporales.
En la defensa del Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se refirió a la “urgencia” de esta norma porque aumenta la protección de familias en situación de vulnerabilidad.
“Las emergencias y catástrofes no avisan”, sentenció la ministra, quien dijo que “cuando los problemas son urgentes y afectan a personas vulnerables, la respuesta de los poderes públicos también debe ser urgente”.
En su intervención, Saiz sostuvo que se debe “situar a las personas en el centro de la acción pública” y aclaró que no es un paquete de medidas aislado, sino que se encuadra en el refuerzo de la acción protectora de la Seguridad Social que ha ido desplegando el Ejecutivo en los últimos años.
A favor del texto intervinieron el propio PSOE, Sumar, Bildu, el PNV y Esquerra Republicana, mientras que PP y Vox pusieron el foco en reprobar que el Gobierno apruebe medidas de este calado después de la convocatoria de las elecciones.
La parlamentaria del PP Mercedes González denunció que el texto se haya aprobado “al margen del Pacto de Toledo”, que “al PP sí le importa” y preguntó al Gobierno si “creen, realmente, que la convocatoria de unas elecciones y la disolución de las Cortes es causa de urgente necesidad para justificar reales decretos”.
“No hay ni un gobierno en la España constitucional que haya hecho el uso que ustedes están haciendo del Consejo de Ministros y de la Diputación Permanente. Uso y abuso, encadenando una serie de decretos”, aseveró González, quien lanzó su sospecha de que ni el Gobierno pensaba legislar sobre estas materias, porque no se recogían en el plan normativo anual. También ironizó con que el Ejecutivo ha sido “una tortuga” en materia social durante su mandato y ahora, con los comicios a la vista, es “una liebre” o “el galgo de los decretos”.
El diputado de Vox Ricardo Chamorro, único partido que votó en contra, denunció que el Gobierno “bloquea” medidas planteadas por otros grupos y “a 10 días de las elecciones, las apruebe y pretende que les demos las gracias”. “¿Qué explicación dan a las familias que han estado esperando?”, inquirió Chamorro, quien exigió “una explicación” al Ejecutivo para las personas afectadas.
CUME
Entre las medidas aprobadas, se incluye la ampliación de la edad de los afectados en la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME) en situaciones determinadas. En concreto, los progenitores, guardadores o acogedores estarán protegidos, cuando el causante tenga más de 26 años, si este se encuentra en situación de dependencia de grado III o tiene una discapacidad igual o superior al 65%.
Asimismo, el decreto establece que ambos progenitores puedan percibir de forma alternativa o simultánea la prestación económica y no solo que sea un progenitor el que pueda tener la condición de beneficiario. En este caso, el importe económico consistirá en un subsidio equivalente al 50% de la base reguladora que se utiliza para el cálculo de la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, sin que esta dependa del porcentaje de reducción de la jornada de trabajo que hayan solicitado.
En la actualidad hay unos 19.650 procesos en vigor, cuya duración media es de 666 días. La mayor parte de las prestaciones reconocidas se dirigen a mujeres. Esta prestación se reconoce a la persona que reduce su jornada laboral al menos en un 50% para el cuidado de la persona enferma y tiene como objeto compensar la pérdida de ingresos.
BAJAS ESPECIALES
El texto también incorpora dos situaciones especiales de incapacidad temporal (IT): la derivada de patología limitante por trastorno menopaúsico que impida trabajar y otra para mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de género cuyas lesiones no le hagan posible desarrollar su tarea profesional.
Ambas situaciones tienen una protección mayor que la IT común, desde el día siguiente de la baja, y no exigen periodo de carencia. En ambos casos, la prestación económica se calculará aplicando el 60% de la base reguladora de la incapacidad temporal, hasta el día 20 y, a partir de ahí, será del 75%. El día de la baja, el trabajador percibirá el salario por parte de la empresa, y desde el día siguiente será la Seguridad Social quien lo abone. De este modo, se mejora esta protección ya que antes no se percibía prestación los tres primeros días de baja y la empresa asumía el pago del día cuatro al día 15.
Al mismo tiempo, tras las situaciones vividas como consecuencia de la pandemia de la covid 19, la dana o el accidente de Adamuz o Urda, se establece una disposición en la Ley General de la Seguridad Social para que en acontecimientos o accidentes catastróficos se puedan aprobar medidas que aumenten la protección de afectados o familiares. Donde se asimilará la situación a derivada de accidente de trabajo con las mejoras correspondientes en incapacidad temporal, incapacidad permanente, muerte y supervivencia.
VIUDEDAD
Por otra parte, para favorecer el reconocimiento de la pensión de viudedad en los casos de pareja de hecho, si hay hijos en común, se elimina el requisito de presentación del registro formal de la constitución de pareja de hecho. Bastará con la existencia de hijos en común y la acreditación de convivencia.
Además, el texto contempla un plazo de un año para que las personas que hayan sufrido la pérdida de su pareja anteriormente puedan solicitar la prestación, aunque el deceso se haya producido con anterioridad a este cambio legal y siempre que se cumplan los requisitos.
ORFANDAD Y TERRORISMO
Por otro lado, se amplía la prestación económica por orfandad cuando el fallecimiento de la mujer se hubiera producido por violencia contra la mujer. En concreto, el importe de la pensión de orfandad será equivalente al doble del SMI vigente en cada momento.
Por su parte, las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo, que se reconozcan y se abonen por la Seguridad Social también se incrementarán a dos veces el SMI mensual vigente en cada momento.
Igualmente, se modifica la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo, con el objeto de equiparar las indemnizaciones percibidas por las víctimas del terrorismo con sentencia penal y aquellas que no tienen sentencia penal, tanto por lesiones incapacitantes o como por fallecimiento en el caso de las pensiones a que tiene derecho los familiares de las víctimas.
NACIMIENTOS
En otro orden de cosas, el subsidio especial por nacimiento y cuidado de menor, que ya se reguló para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, se extiende a los progenitores en el caso del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar; que pasan a tener ampliada la prestación a 19 semanas.
Por último, el Fondo del Pago de Alimentos -que sirve para garantizar y atender la protección económica de los hijos menores de edad cuando hay incumplimiento del pago de alimentos en supuestos de divorcio, separación, declaración de nulidad matrimonio o en procesos de filiación o alimentos- eleva la cuantía máxima del anticipo por beneficiario, que pasa de 100 a 300 euros mensuales. Además, se amplía el plazo máximo de percepción de los anticipos reconocidos de los actuales 18 meses hasta que se extinga la obligación de alimentos, con el límite de los 18 años del beneficiario.
(SERVIMEDIA)
18 Nov 2026
DMM/clc
