La propuesta contó con 57 votos a favor, 169 en contra y 118 abstenciones, con lo que ni siquiera será tramitada. Partió de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘No Es Mi Cultura’, cuya comisión promotora registró el pasado febrero 715.606 firmas (una cifra superior a las 500.000 necesarias) ante la Junta Electoral Central, con sede en el Congreso.

La Junta Electoral Central validó en abril 664.777 firmas, más que las 500.165 de la ILP taurina de 2012, que abrió la puerta a que la tauromaquia quedara regulada como patrimonio cultural, lo que ocurrió en 2013.

El objetivo principal de la propuesta legislativa era derogar la Ley 18/2013, que declara la tauromaquia como patrimonio cultural, para que se devuelva a las comunidades autónomas la competencia para prohibir o regular espectáculos taurinos.

Antes de esa norma, las competencias en cultura y de espectáculos recaían en las comunidades autónomas y en quienes ellas decidieran delegarlas. Sin embargo, la norma de 2013 estableció un marco legal estatal que prevalece sobre las decisiones locales. Este cambio ha tenido consecuencias concretas, como la anulación de la ley catalana de 2010 que prohibía las corridas de toros y la normativa balear de 2018 que impedía la muerte del toro en la plaza.

“CRUELDAD INSTITUCIONALIZADA”

La mayoría de los portavoces expresaron desde la tribuna de oradores su beneplácito a que la iniciativa originada con el respaldo ciudadano inicie su tramitación parlamentaria. Sin embargo, a la hora de votar el PSOE se abstuvo, lo que fue determinante para el rechazo, y ello a pesar de que su portavoz dijo recientemente en la Comisión de Cultura, cuando se presentó la ILP, que aceptarían la toma en consideración.

Algunos fueron contundentes en este sentido, como Nahuel González, de Sumar, quien apuntó que la tauromaquia es “crueldad institucionalizada y mantenerla al paraguas de Bien de Interés Cultural es un insulto a la inteligencia colectiva, a los artistas, a las comunidades rurales y a las nuevas generaciones, que quieren un futuro diferente”.

“Hablamos de quitarle el blindaje estatal, ese que la mantiene viva a base de subvenciones y privilegios”, apuntó, antes de sentenciar: “La tauromaquia no se mantiene sola, se sostiene con dinero público”, indicó, antes de añadir que el toro bravo resulta ser “una raza ganadera domesticada creada por el ser humano mediante siglos de selección artificial”, por lo que se trata de “un producto diseñado para el sufrimiento”.

González comentó que eliminar el “blindaje cultural” de los toros abre la puerta a que “el dinero público sirva a la creación y no a la crueldad”. “Esta ILP viene con una tradición histórica de lucha por los derechos de animales, desde Pérez Galdós, desde Unamuno, desde Blasco Ibáñez, desde Clara Campoamor, que entendió que la igualdad también se mide en el respeto a la vida de los animales”, dijo.

Etna Estrems, de Esquerra, recordó que el Parlament de Cataluña abolió las corridas de toros en 2010 y el Tribunal Constitucional revirtió después esa decisión, pero entonces la sociedad “había cambiado” porque las plazas taurinas se convirtieron “en mercados, en museos, en equipamientos diversos, espacios de vida, comunidad, respeto, espacios de vida donde antes había habido gritos y aplausos a la muerte”.

“La cultura es la lengua, la música, las fiestas populares. Es la creatividad, la memoria compartida. La cultura es todo. Y no es ver cómo se desangra un animal dentro de una plaza, atrapado, sin poder escapar y sin ninguna posibilidad de defensa. No puede ser cultura ver a un ser vivo cómo se desangra delante de los aplausos”, apostilló.

Estrems señaló que “la cultura evoluciona” y los espectáculos con animales que implican “sufrimiento” han quedado prohibidos en la “mayoría” de los países europeos. “No hay lugar para la crueldad disfrazada de tradición. La cultura europea de hoy es derechos, respeto y bienestar animal. Nosotros, y yo en particular, lo tenemos muy claro: la tauromaquia no es cultura, es crueldad, es maltrato animal y es inaceptable”, dijo.

Marije Fullaondo, de EH Bildu, respaldó tramitar la propuesta legislativa por “respeto a las iniciativas populares” y también “a los animales”. Martina Velarde, de Podemos, comentó que los espectáculos taurinos suponen un “anacronismo” ya “superado” en Ecuador, Perú, Panamá y Colombia.

Àgueda Micó (Compromís) defendió que “la tortura no es cultura” y Néstor Rego (BNG) fue más allá al abogar por prohibir la tauromaquia como “práctica de tortura y símbolo de españolidad”.

COMPETENCIAS

Otros portavoces pusieron el énfasis en que las competencias en materia de espectáculos taurinos sean asumidas por las comunidades autónomas y los municipios.

“Queremos decidir nosotros y no que decidan sobre nuestra cultura o sobre los derechos de los animales en Cataluña desde Madrid. No queremos que el Estado pueda invocar el interés cultural para bloquear decisiones autonómicas en este ámbito”, según Pilar Calvo, de Junts, quien recordó que la primatóloga Jane Goodall, recientemente fallecida, expresó en su momento: “Si yo fuera toro, no querría formar parte de este espectáculo”.

Joseba Agirretxea, del PNV, pidió “no trufar el debate” porque la cuestión no era “toros sí, toros no”, sino que las competencias taurinas sean autonómicas. “Esto es de que las comunidades autónomas vuelvan a recuperar las competencias que tienen. Y todo lo demás es parafernalia”, resumió.

AMBIGÜEDAD

Más ambigua se mostró Maribel García, del PSOE, quien defendió “ni prohibir ni promover: respetar”. Explicó que “España no es, en ningún aspecto, homogénea”, puesto que “hay territorios donde la tauromaquia forma parte del acervo cultural y otros donde ha desaparecido de forma natural, sin prohibiciones, sin conflictos, sin imposiciones”.

“La no se impone ni se deroga por decreto. La cultura evoluciona, cambia, se adapta y se expresa libremente en la sociedad. Y el papel del Estado no es decidir qué es o no es cultura, sino garantizar la libertad para crear, sentir y expresar”, comentó.

García apostó por “la convivencia y el respeto” en este debate. “Se dice que proteger el toro es proteger la dehesa. Pero la dehesa también se protege invirtiendo en prevención de incendios, en gestión forestal, en empleo verde, en condiciones dignas para los bomberos”, agregó.

“CORTINA DE HUMO”

Por otro lado, otros portavoces respaldaron la tauromaquia y mostraron sus reparos a la iniciativa ciudadana. “Mi respeto a esta iniciativa popular, que no compartimos. Si hay alguna cultura popular que se siente desde hace siglos como cultura del pueblo es la tauromaquia”, sentenció Sol Cruz-Guzmán, del PP.

La portavoz del PP subrayó que la iniciativa supone “una nueva cortina de humo” porque “este debate no está en la calle, no hay propuestas en los parlamentos ni en los municipios”.

En este sentido, Pepa Millán, de Vox, aseguró que la propuesta legislativa supone “el enésimo intento de prohibir la fiesta de los toros”. “Antes lo hizo Alfonso X en las Partidas, cuando prohibió al clero asistir a los toros. Lo hizo Felipe V, lo hizo Felipe VI, lo hizo Carlos III. A raíz de esta última prohibición, por cierto, y de forma paradójica, tuvo lugar el auge del toreo a pie. También con Carlos IV y los sucesivos intentos durante el siglo XIX, un acoso que no cesa ni durante el siglo XX, durante la Segunda República. Y aquí estamos”, argumentó.

Millán indicó que “la tauromaquia ha sido uno de los ejes vertebradores de la sociedad española durante el siglo XX” y “no necesita justificarse ante modas pasajeras, se justifica sola porque es verdad, porque es arte y porque es cultura”. “La tauromaquia debe ser reivindicada, aunque no generase ni un solo puesto de trabajo y aunque no se extinguiera el toro”, añadió.