La Cámara Baja ha pedido de esto modo aprobar “las modificaciones normativas oportunas” para “garantizar por ley” la existencia de un nuevo permiso retribuido para los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena por “el tiempo indispensable” para el acompañamiento de un hijo o menor a cargo para su asistencia sanitaria o la realización de pruebas diagnósticas, entre otras consultas médicas.

También insta al Gobierno a crear un nuevo permiso retribuido para los trabajadores por las mismas circunstancias, entre las que también se encuentran el tratamientos de recuperación y rehabilitación “incluyendo en todo caso” la atención psicológica, psiquiátrica, oftalmológica, odontológica, dermatológica, fisioterapéutica, osteopática y “todas las especialidades requeridas para la mejora de la salud, de naturaleza pública o privada”.

Asimismo, el texto aboga por la creación de otro permiso de cinco días hábiles para aquellos empleados por pérdida gestacional entre la sexta semana y el día 179 de gestación, y otro de 10 días para los trabajadores por el fallecimiento de un hijo.

La Cámara ha dado luz verde a todas estas propuestas de ERC y ha instado al Gobierno a llevarlas a cabo con el apoyo de todos los partidos, desde el PP –que pedía ampliar estas coberturas– hasta Vox, pasando también por Unidas Podemos. También lo ha hecho el PSOE, que, a través de su diputada Sonia Guerra, fue muy duro con la propuesta de ERC.

De hecho, la parlamentaria calificó la propuesta de ERC de “batiburrillo de diferentes temas” con “fines electoralistas” y cargó contra “la demagogia” de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, además de tachar su exposición “sesgada de machismo” por no incluir referencias al impacto de la falta de corresponsabilidad sobre la vida de las mujeres. Ahora, dos días después, dieron su ‘sí’ al texto.

Lo que no se ha aprobado, sin embargo, es el quinto punto, que pedía desarrollar en el marco del diálogo social un mecanismo de compensación a las pequeñas empresas “por el cual las empresas de menos de 50 trabajadores y las entidades de economía social puedan reclamar a la Administración General del Estado una compensación equivalente a las cantidades salariales abonadas sin prestación efectiva de servicios […], sin computar a este efecto los permisos para desarrollar funciones”. PSOE y PP votaron en contra y manifestaron así su rechazo a este sistema.