Esta iniciativa salió adelante con 17 votos a favor y 18 abstenciones. En defensa de la proposición no de ley, el diputado del PP Jaime Miguel de los Santos pidió al Gobierno la transposición de la directiva europea sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas.

De los Santos considera que aprobar esta ley contra la trata es una “obligación moral” y legal para combatir una realidad que calificó como “la última esclavitud del siglo XXI”. También denunció que España corre el riesgo de quedarse atrás en la protección de las víctimas y en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

Asimismo, criticó con dureza al Gobierno por los retrasos acumulados y por “no cumplir con sus obligaciones” al no haber transpuesto aún la directiva europea, advirtiendo de que el plazo límite expira el 15 de julio.

En este contexto, acusó al Ejecutivo de “mirar para otro lado” frente a la explotación y reclamó que “traspongan una directiva que es de obligado cumplimiento”, instando a adoptar medidas eficaces para erradicar la trata y proteger a las mujeres afectadas por estas mafias. El diputado popular también reprochó al Ejecutivo los presuntos casos de corrupción que investigan los tribunales.

La diputada de Vox Rocio Aguirre rechazó la iniciativa del PP al ver “incoherente” instar a un Gobierno al que calificó de “mentiroso, corrupto y traidor” a cumplir compromisos que lleva incumpliendo desde 2022. Aunque reconoció que la trata y la explotación sexual son “un grave problema”, cuestionó la eficacia de las políticas actuales al señalar que, pese al elevado número de mujeres en riesgo, las fuerzas de seguridad solo liberan a un porcentaje muy reducido de víctimas, lo que señaló como “un absoluto desastre”.

En este sentido, Aguirre defendió que la prioridad debe centrarse en el control de fronteras y la lucha contra la inmigración irregular, al sostener que esta situación facilita la actuación de redes criminales. Además, abogó por aumentar los recursos policiales y “endurecer las penas para violadores y proxenetas”, y rechazó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la transposición de directivas europeas que complementen esas políticas.

La diputada de Sumar Julia Boada apoyó la iniciativa del PP, aunque marcó distancias con su enfoque porque no comparte “ni los motivos ni la manera de afrontar y presentar este tema”. En todo caso, subrayó que existe una “urgencia clamorosa” para tramitar y aprobar una ley contra la trata de que abarque todas sus formas, especialmente las que afectan a mujeres, y criticó que el texto lleve más de cuatro años sin llegar al Congreso pese a existir un anteproyecto previo. Asimismo, pidió evitar enfoques prohibicionistas que puedan afectar a mujeres en situación de vulnerabilidad y apostar por medidas eficaces para perseguir a las redes de explotación y proteger a las víctimas.

La diputada socialista Noelia Cubo defendió la tarea del Gobierno, que trabaja en esta ley, y apostó por reforzar políticas públicas feministas que protejan a las víctimas, combatan nuevas formas de captación, incluidas las digitales, y reduzcan la demanda como herramienta clave para erradicar estas redes. Dijo que la futura norma servirá para cumplir con las obligaciones internacionales y europeas y supondrá “un paso más en la protección de los derechos humanos”.