Esta iniciativa salió adelante con 17 votos a favor, 3 en contra y 15 abstenciones. En defensa de la iniciativa, la diputada del PP Patricia Rodriguez denunció la situación de “cientos de mujeres” que trabajan en prisiones y sufren acoso sexual, amenazas o vejaciones, pese a los discursos sobre tolerancia cero frente a la violencia por parte del Gobierno.

Rodriguez dijo que estas profesionales se han encontrado con “silencio, burocracia y una preocupante falta de mecanismos específicos de protección".

Además de aprobar un protocolo específico para prevenir y actuar frente a esas agresiones y violencias, la propuesta pide incluir medidas integrales dentro de ese protocolo, no solo de respuesta, sino también de prevención, detección temprana e incorporación de este tipo de agresiones en los planes de prevención existentes.

Al mismo tiempo, pide garantizar protección inmediata a las víctimas, con acciones como la separación del agresor, sanciones disciplinarias, apoyo psicológico y jurídico, y una figura responsable de coordinación en cada centro.

Otra de las ideas de la iniciativa es impulsar cambios legales para agravar las penas por agresiones sexuales en el ámbito penitenciario y tipificar como delito conductas sexuales vejatorias que, en ese contexto, suponen humillación laboral.

La diputada popular pidió garantizar que estas conductas tengan consecuencias y que las trabajadoras penitenciarias puedan desempeñar su labor “en condiciones de seguridad y de respeto”, recordando que “la dignidad de las mujeres no termina en la puerta de una prisión”.

Además, la diputada de Vox María de los Reyes Romero Vilches apoyó la iniciativa al verla “justa y necesaria”, y criticó que actualmente no exista un protocolo específico frente al acoso y las agresiones sexuales en este ámbito. Así, alertó de la especial vulnerabilidad de las mujeres que trabajan en prisiones porque “ser mujer en este ámbito comporta un peligro específico” que exige medidas adicionales de protección.

Asimismo, reclamó medidas preventivas y de seguridad más estrictas, como evitar que las trabajadoras permanezcan solas con internos y mejorar los sistemas de alerta, junto a sanciones “ágiles” y apoyo psicológico a las víctimas.

También vinculó el problema con la política migratoria, al defender un mayor control de fronteras para prevenir la comisión de delitos, insistiendo en que es necesario “proteger a los trabajadores” y, especialmente, a las mujeres en el entorno penitenciario.

Por su lado, desde Sumar, su diputada Engracia Rivera coincidió en que las trabajadoras penitenciarias sufren una “violencia y un acoso sexual estructural intolerable” y defendió que el Gobierno debe garantizar su seguridad.

Sin embargo, reprochó al PP llegar “tarde”, al existir ya un borrador de protocolo en marcha, y rechazó endurecer las penas al considerar que supone una “deriva punitiva”, apostando en su lugar por más prevención, recursos y negociación con los agentes sociales.

En su turno, la diputada socialista Andrea Fernández destacó que ya se está trabajando en un nuevo protocolo con perspectiva de género a través de un grupo específico creado en 2024 junto a organizaciones sindicales, por lo que apostó por seguir avanzando en esa línea de negociación.