La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, donde la diputada popular Inmaculada Bañuls abogó en su defensa por que la convención sea conocida entre los funcionarios, en la escuela y en el mundo laboral, con el fin de sensibilizar a la sociedad y facilitar así la plena integración de las personas con discapacidad.

Para dar a conocer la convención, la proposición apuesta por campañas de difusión y otros instrumentos "que se consideren oportunos" y que tengan en cuenta siempre a las personas con discapacidad.

Del mismo modo, la iniciativa argumenta que los ciudadanos con discapacidad deben conocer el texto de la ONU para poder defender y denunciar "posibles vulneraciones de sus disposiciones" si así lo consideran oportuno.