Con 34 votos a favor y dos abstenciones, el Congreso insta al Gobierno a seguir cumpliendo con lo dispuesto en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y adaptar las medidas legislativas, administrativas y de toda otra índole “que sean pertinentes para promover, proteger y asegurar el respeto a la dignidad inherente de las personas con discapacidad y la no discriminación”.

La vigente Ley 39/2007, de 19 de noviembre fue modificada por la Ley 46/2015, de 14 de octubre, en cuya disposición transitoria decimotercera se recogían los requisitos para la concesión de empleo honorífico a retirados, en línea con una tradición arraigada en las Fuerzas Armadas.

Lo cierto, señala el texto, es que lo previsto en el apartado 3 de esta Disposición impide que pueda concederse el ascenso a los militares que, llevando menos de 20 años en la profesión, han pasado a retiro por insuficiencia de condiciones psicofísicas no causadas en acto de servicio.

ELIMINAR REQUISITOS

Por ello, se reclama al Ejecutivo realizar las modificaciones legales oportunas para erradicar la discriminación por razón de discapacidad advertida en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, eliminando el requisito del apartado tercero de la disposición transitoria decimotercera relativo a los 20 años, así como la diferenciación concerniente al origen de la situación de discapacidad del apartado segundo.

Además, la PNL subraya que al ascenso al empleo honorífico que corresponda al personal en retiro que no cuente con veinte años de tiempo de servicios desde la adquisición de la condición de militar profesional no tiene efecto económico ni supone la modificación de la pensión que se percibe como retirado.

Asimismo, se emplaza al Gobierno a solicitar al Observatorio de la Vida Militar la elaboración de un informe sobre la acomodación o no de las leyes que regulan el estatuto profesional de los miembros de las Fuerzas Armadas a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), ratificada por España el 3 de diciembre de 2007.

De igual modo, añade, para que dichas leyes se acomoden al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

“SATISFACCIÓN PERSONAL”

La diputada del PP Violante Tomás, en la exposición de la iniciativa, recalcó que los militares con discapacidad “esperan de nosotros que acabemos con la discriminación que sufren”, y emplazó a apoyar ese cambio legislativo para que reciban “ese merecido ascenso por el servicio prestado”, que sólo supondrá “la satisfacción personal familiar y social de una promoción profesional que en justicia les corresponde”. “Los militares son un valor para nuestro país y los militares con discapacidad, un doble valor”, recalcó.