Esta propuesta salió adelante con 17 votos a favor, 16 en contra y una abstención. Además de las cuestiones citadas, el Congreso insta al Gobierno a que evalúe el impacto de la pérdida de datos de las pulseras en los procesos judiciales afectados, incluyendo número de casos, resoluciones judiciales “comprometidas” y víctimas “desprotegidas”.

En cuanto a la transparencia de los datos, la comisión reclamó al Gobierno que exponga las causas técnicas de los fallos de las pulseras, las medidas adoptadas para recuperar los datos perdidos y los protocolos actuales de seguridad, trazabilidad y supervisión del sistema. Asimismo, solicita que establezca un mecanismo de supervisión “permanente” para garantizar la fiabilidad del servicio y prevenir incidencias.

También, se pide al Gobierno que informe de forma detallada sobre las características concretas de los dispositivos adquiridos por la empresa adjudicataria del sistema Cometa desde 2023, sobre la compra de esos dispositivos, y que aporte los informes acreditativos de la solvencia técnica y profesional de las empresas contratadas.

En defensa de la proposición no de ley, la diputada del PP Sofia Acedo explicó que también se pidió al Ejecutivo que refuerce la formación de jueces, fiscales y cuerpos policiales sobre el uso y control de estos dispositivos, asegurando una respuesta “rápida” ante cualquier fallo técnico. Además, criticó la gestión de este escándalo por parte del Ministerio de Igualdad porque “calló y mintió” y solicitó la dimisión de la titular de Igualdad, Ana Redondo.

Acedo aseguró que desde el PP reclamaron “verdad, reparación a las víctimas y altura de miras” para mejorar este sistema y que las mujeres víctimas de violencia de género recuperen la confianza en el servicio.

Por su parte, la diputada de Vox Rocío Aguirre, ademad de criticar la gestión de las pulseras, arremetió contra Igualdad porque afirmó que es un ministerio que “no sirve para nada” porque las mujeres están “desprotegidas”. Criticó las inversiones de este departamento en los planes y políticas de igualdad de género y pidió que se deroguen todas ellas, así como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género renovado este año.

La diputada de Sumar Esther Gil de Reboleño mostró su descontento con esta propuesta porque “solo busca desgastar” al Gobierno “a costa de las mujeres”, pese a que expresó su apoyo a que el Ejecutivo haga una auditoría externa sobre el problema y publique de forma transparente los datos.

La diputada socialista Andrea Fernández expuso su “solidaridad y disculpas” a las víctimas usuarias de la pulseras que se vieron efectuadas por el problema y mostró su “preocupación” por el “ruido” generado entorno a su seguridad.

VIOLENCIA VICARIA

Por otro lado, a propuesta del Grupo Parlamentario Republicano, la comisión aprobó una proposición no de ley por la que instó al Gobierno a Impulsar reformas normativas para impedir la creación y difusión de contenidos audiovisuales que atenten contra el derecho al honor, la dignidad y la intimidad de las víctimas de violencia machista y vicaria.

Con 31 votos a favor y tres en contra, salió adelante para pedir también al Gobierno que impulse reformas para impedir la participación en este tipo de contenidos de personas condenadas por delitos de este ámbito.

En defensa de la proposición no de ley, la diputada de ERC Pilar Vallugera explicó que, entre otras cosas, se busca “evitar la revictimización” de las víctimas de violencia de género y para que no ocurran casos como el libro ‘El odio’ sobre José Bretón. Además, afirmó que se aceptarán parcialmente las enmiendas propuestas por el PP en el Congreso, entre otros grupos.

En concreto, la diputada del Grupo Popular Silvia Franco defendió que su enmienda pretende “mejorar la eficacia” de la proposición no de ley, ampliando a cualquier tipo de contenido el impedimento de creación y asegurando que la persona condenada por delitos de este tipo “no pueda lucrarse” por estos contenidos.

La diputada de Vox Rocío Aguirre criticó esta propuesta no de ley porque es hacer “censura” a las personas que crean contenidos (artistas, escritores, etc.) y genera una “diferenciación” de victimas de violencia de género con otras víctimas como, por ejemplo, las del terrorismo, según subrayó Aguirre.

En cambio, el Grupo Parlamentario Socialista apoyó la proposición no de ley y defendió que se extienda el ámbito de actuación a todos los tipos de contenidos.