En su turno de defensa de la primera iniciativa, la diputada de Junts per Catalunya Concepción Cañadell recordó que el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud ya establecía el aumento en un 18% del sueldo de los residentes en todo el Estado.

“Dieciséis años después, reclamamos al Ministerio que vuelva a tener esta voluntad de acuerdo, porque 16 años después un residente sin guardias cobra tan solo un 12% más que en 2006”, lamentó, para puntualizar que dicho sueldo “ha pasado de 1.112 euros en el 2006 a 1.245 en el 2022 y, en este mismo periodo de tiempo, el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado casi un 85%, pasando de 541 euros a 1.000 euros”.

De este modo, criticó que los futuros médicos españoles “han perdido poder adquisitivo” y su salario “es apenas un 26% superior al salario mínimo”, cuando el trabajo que desempeña un MIR en un centro sanitario “no es sólo formativo, sino también de ayudante del médico adjunto”. “Ahora le toca al Ministerio de Sanidad poner de su parte”, espetó, para “emplazar” al Gobierno a “que se tome en serio las reivindicaciones de los residentes y se ponga manos a la obra para materializar un incremento salarial significativo durante este año 2022 en aquellos conceptos que dependen del Ministerio de Sanidad”.

El grupo proponente rechazó las enmiendas presentadas por PP y Vox y, en su turno de defensa de las mismas, la ‘popular’ Elvira Velasco se mostró “totalmente de acuerdo” con la iniciativa y advirtió de que este real decreto ha quedado “obsoleto” y “precisa de una modificación en los aspectos del ámbito formativo, laboral, retributivo y de conciliación de la vida familiar y profesional”.

A su juicio, la situación de estos profesionales “requiere tomar medidas ya, porque, a pesar del reconocimiento del sistema sanitario español y de la excelencia del modelo de formación sanitaria especializada, la realidad de la práctica diaria saca a la luz graves problemas”. Entre ellos, citó el “déficit” de supervisión, las “escasas” actividades formativas, la asunción de responsabilidades “que exceden de sus competencias”, las jornadas de 36 horas ininterrumpidas, sueldos bajos, camas calientes o “imposibilidad para la conciliación familiar”, cuyas “consecuencias directas” constituyen, a su entender, “un empeoramiento de la calidad asistencial y, en ocasiones, riesgos para la seguridad del paciente”.

“Esto lleva a tener sanitarios especialistas quemados desde el inicio de acceder al sistema y no es lo que necesitan ni los futuros especialistas sanitarios de nuestro país, ni nuestro sistema nacional de salud”, apostilló, convencida de que, “desde luego, lo que necesitan es que les cuidemos y consigamos, de una forma ordenada, reglada y mediante las mejores condiciones, que sean los mejores sanitarios”.

Por su parte, desde Vox, el diputado Antonio Salvá comprometió su voto afirmativo a la iniciativa y subrayó que su enmienda proponía “materializar” en el presente ejercicio un “incremento significativo” de la retribución, en aquellos conceptos que dependen del Ministerio de Sanidad, de los médicos internos residentes MIR del Sistema Nacional de Salud, además del incremento de pagas extraordinarias de junio a diciembre mediante la adición del complemento de grado de formación, el establecimiento de un plus de insularidad o de un “plus de covid-19”. “O cuidamos nosotros a nuestros médicos internos residentes, o el relevo generacional cada vez va a ser más difícil”, sentenció, para puntualizar que el Gobierno “no puede dejar sin médicos a España”.

RESTO DE GRUPOS

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, la diputada Elvira Ramón quiso “poner en valor” el real decreto de 2006, aprobado “por un gobierno socialista" y que, según su criterio, "mejora notablemente las condiciones de los médicos y de los MIR”. “Por primera vez tienen un contrato laboral con los mismos derechos que cualquier trabajador y una norma que les protege de posibles abusos”, añadió, para advertir de que, también “por primera vez” en él “se especifican medidas para conciliar la vida familiar y laboral, para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad”.

Tras indicar que tanto la regulación de su salario como el reconocimiento de la función tutorial o del jefe de estudios de la formación sanitaria especializada son competencia de las comunidades autónomas, admitió que el PSOE “no puede apoyar esta proposición no de ley”.

Por Unidas Podemos, Rosa María Medel mostró su apoyo a la proposición no de ley y estimó “necesaria una mejora retributiva para los MIR”. No obstante, también juzgó “necesario” la puesta en marcha de “auditorías” para evaluar la “calidad” de las unidades docentes y urgió a analizar por qué en 2021 el 40% de los MIR que terminaron la residencia en España no aceptaron los contratos que se les ofrecieron, porcentaje que ascendió a un 92% en la Comunidad de Madrid y se redujo a un 5,98% en Asturias, y atribuyó dicha circunstancia a la proliferación de contratos “precarios”.

Finalmente, el diputado Guillermo Díaz, de Ciudadanos, también comprometió su apoyo a la iniciativa y recordó que, durante la pandemia, a estos profesionales “se les exigían esfuerzos muy, muy superiores a los que éticamente debían hacer”. “Se han esforzado hasta límites insospechados”, abundó, para criticar que, “a cambio, el trato que han recibido por parte del Gobierno ha dejado mucho que desear” y considerar “bienvenida toda iniciativa para intentar subsanar ese maltrato”.

MASCARILLAS

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados también debatió y rechazó, por seis votos a favor, 19 en contra y nueve abstenciones, la proposición no de ley presentada por Vox para exigir el fin “inmediato” de la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los espacios interiores y exteriores salvo en el interior de los centros sanitarios y sociosanitarios “hasta que sea imprescindible”.

En su intervención para la defensa de la iniciativa, el diputado Juan Luis Steegmann instó al Ejecutivo a que “recomiende y no obligue” a su uso cuando sea necesario y lamentó que, durante la pandemia, “las clases trabajadoras han tenido que elegir entre mascarillas y alimentos”.

“Lo que precisamos en España es información continua, verdadera y verificable sobre la epidemia para dotar al ciudadano de conocimiento suficiente para que adopte sus propias decisiones con libertad para proteger su salud y su economía”, abundó, para considerar que, en este momento, “es un insulto a la inteligencia y es despótico mantener imposiciones injustas por arbitrarias e ineficaces” como la obligatoriedad de llevar mascarilla.