Durante su presentación, el diputado del PP Nacho Martín Blanco defendió que "la Jefatura de Vía Laietana es un símbolo de la democracia en nuestra historia reciente", señalando que "lo que hicieron los agentes de la Policía Nacional durante las violentas manifestaciones en Cataluña tras la sentencia del del 'procés' fue la heroica defensa de nuestros derechos y libertades frente a quienes pretendían liquidar el Estado de derecho y nuestra Constitución".

Tras acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de "claudicar y postrarse ante sus socios parlamentarios, ante Esquerra Republicana y Junts", aseguró que sería una "humillación" para los agentes "expulsar a la Policía Nacional de Vía Laietana" o llevar a cabo la "resignificación del espacio", algo que, dijo, "constituye una auténtica ignonimia para nuestra democracia".

En este sentido, defendió que "si ha de haber placas reivindicativas de memoria", estas "deberían ser para Ángel, Álvaro, Iván y para los otros centenares de policías, policías nacionales, guardias civiles, mossos e incluso guardias urbanos que fueron heridos por la violencia de los autodenominados Comités de defensa de la República, una suerte de 'Kale Borroka' separatista en Cataluña". "Es de una irresponsabilidad enorme que el Gobierno se preste a esta exigencia de los partidos separatistas", zanjó.

Una propuesta esta ante la que Vox presentó una enmienda en la que se incluía la derogación "inmediata" de la ley de Memoria Democrática, la cual defendió el diputado Ignacio Gil Lázaro, denunciando nada más comenzar que "separatistas y extrema izquierda tienen puesto su punto de mira en el edificio desde hace mucho tiempo", algo que, añadió, "demostraron violentamente durante las jornadas golpistas de octubre de 2017, intentando asaltarla y arrasarla".

Según Lázaro, la Jefatura "simboliza la presencia de España en Cataluña y el papel excepcional de los hombres y mujeres de la Policía Nacional destinados en aquella región".

Sin embargo, el PP rechazó la enmienda presentada por Vox a su proposición no de ley.

"DOMINACIÓN SOBRE CATALUÑA"

Desde Junts, la diputada Marta Madrenas avanzó su rechazo a la propuesta alegando que "el PP utiliza a la Policía Nacional como instrumento de represión política, y el edificio de Vía Laietana como símbolo de dominación sobre Cataluña".

"Nos hablan de defender el orden constitucional cuando en realidad quieren perpetuar la opresión contra el independentismo con ese símbolo y mantener vivo el relato del enemigo interno”, apuntó para añadir que “allí se torturó, se humilló, se intentó aplastar la voluntad de libertad de un pueblo".

Por su parte, ERC, en boca del diputado Francesc-Marc Álvaro, cargó también contra la iniciativa popular, pero también contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Según dijo, su formación ha propuesto en numerosas ocasiones la propuesta no solo de "convertir la Jefatura en un puesto de memoria, sino que de manera coherente los operativos que ahora están ahí se trasladen a otro sitio".

Sin embargo, reconoció que no tienen "suerte", porque "el Partido Socialista comparte el marco de chantaje que la derecha, la ultraderecha y los sindicatos policiales corporativos hacen sobre este edificio".

Mientras, Viviane Ogou i Corbi, de Sumar, defendió que la cuestión de este edificio de Barcelona "no es simbólica, sino democrática", porque allí "hace 50 años se practicaba la represión más cruel del franquismo".

"HERIDA ABIERTA"

Según dijo, "la carga simbólica e histórica de este sitio exige decisiones valientes, y mantener la Jefatura operativa es como mínimo contradictorio", por lo que compartió la idea de convertirlo en un centro de memoria: "No puede seguir siendo un lugar de impunidad".

Por ello, anunció su voto en contra y la intención de su grupo de lucha para que "ese espacio deje de ser una herida abierta y se convierta en lo que debería haber sido desde hace décadas, un lugar de memoria, dignidad y democracia".

Por último, por el PSOE tomó la palabra Juan Carlos Jerez, quien arrancó su intervención remarcando que "el Gobierno no ha dejado ni un momento de asegurar la continuidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña".

Tras criticar el "uso partidista" de este asunto, aseguró que "el futuro de ese inmueble debe abordarse con diálogo y acuerdo entre las tres administraciones implicadas: Estado, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, para decidir conjuntamente su destino".

En este sentido, añadió que "las sedes policiales han cambiado de ubicación muchas veces por razones de funcionalidad, modernización o adecuación urbanística".