La iniciativa se modificó a propuesta del PSOE, que planteó una nueva redacción para tres puntos, el 1, 5 y 8, de manera que la propuesta incorpora a la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, atascada precisamente en el parlamento, para que controle la abusividad de las cláusulas, “de forma coordinada con resto de autoridades administrativas y judiciales competentes”.

También propone reforzar la obligación de las entidades de facilitar al consumidor información precontractual “estandarizada mediante, al menos, una Información Normalizada Europea sobre el crédito al consumo y una Ficha de Crédito de Alto Coste que recoja de forma clara y fácilmente comparable las condiciones esenciales del producto, incluido su coste total, los riesgos principales y los elementos más relevantes”.

Además, la enmienda insta a reforzar los controles sobre los prestamistas de crédito al consumo, tanto en la fase de publicidad y comercialización como en la de ejecución de los contratos, “facilitando la articulación de los mecanismos para la detección y sanción de conductas publicitarias que entrañen riesgos para los consumidores”.

Durante el debate parlamentario se apreció división entre los grupos. Vox, que votó en contra, lo consideró un “titular de prensa” y recordó a Sumar que “no están en la oposición”, sino en el Gobierno y “cuando se gobierna no se presentan PNL para instarse a uno mismo, se traen proyectos de ley”, en palabras de Pablo Sáenz.

En la misma línea, el PP, que se abstuvo, recordó que su partido ya presentó una PNL en términos similares que no recabó apoyos suficientes. El diputado Silverio Argüelles dijo durante el debate que lo que se propone es lo que ya contiene el anteproyecto y que “gobernar no es presentar una PNL para tapar sus diferencias”.

Junts, que apoyó finalmente la iniciativa, consideró que esta no tiene capacidad normativa por ser una PNL.

PSOE, Sumar, PNV, Bildu, ERC y CC respaldaron la medida, de manera que el Gobierno, en este caso, logra tener a sus socios de su lado, al tiempo que se está tramitando el anteproyecto de Ley que limita los intereses en los créditos al consumo y que ya ha pasado la fase de audiencia pública.