La iniciativa contó con 17 votos a favor (del PP, autor de la propuesta, y Vox) y 15 en contra. La DGT tiene sedes en las capitales de provincia y ha firmado convenios con algunos ayuntamientos rurales para que estos habiliten aulas donde se pueda hacer el examen teórico y espacios de circulación para la prueba práctica que permite después obtener el carné de conducir. Para ello, Tráfico desplaza a examinadores hacia esos centros.

En 2023 se puso en marcha el primero con medios informáticos para el examen teórico en Calatayud (Zaragoza) y la DGT ha suscrito desde entonces 18 convenios y otros 14 están en proceso.

Con ello, los ayuntamientos pueden contar con Puntos de Teleatención Personalizada de la DGT que cuestan entre 10.000 y 15.000 euros, ya que disponen de un escáner de doble cara, un lector de DNI con tecnología ‘contactless’, un terminal de pago sin contacto, una tablet de firma con lápiz y una pantalla interactiva.

“Estos espacios cedidos por los ayuntamientos precisan de ser actualizados con una serie de premisas que les han enviado desde esta Dirección General y que deben estar en funcionamiento antes del 1 de enero del 2026”, según Raquel Clemente, del PP.

Para Clemente, ello supone “una dificultad en muchos territorios, ya que se exige que esta digitalización y equipamiento de las salas sea a cargo de los ayuntamientos, o sea, lo que coloquialmente se conoce como 'yo invito y tú pagas'”.

LÍNEAS ESPECÍFICAS

Por ello, reclamó que, previo diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), la DGT pague tanto la modernización y digitalización de estos espacios como su posterior mantenimiento.

La proposición de ley aprobada reclama líneas específicas de financiación dirigidas a estas entidades locales para que acometan las adaptaciones necesarias que permitan mantener el servicio de exámenes “sin poner en riesgo su equilibrio presupuestario”.

La iniciativa pretende evitar que la digitalización de los centros de exámenes desplazados suponga “un obstáculo” para los ciudadanos de zonas rurales o con menor densidad de población.

Además, la propuesta pide “asegurar que los ayuntamientos no asuman cargas económicas, técnicas ni materiales derivadas de las nuevas exigencias vinculadas a la digitalización, garantizando que dichas competencias sean ejercidas y financiadas por la Administración General del Estado a través de la Dirección General de Tráfico”.

Francisco José Alcaraz, de Vox, comentó que la DGT recaudó el año pasado más de 500 millones de euros en multas. “No me digan que no tienen dinero para adecuar esos ayuntamientos”, añadió.

COFINANCIACIÓN

Por su parte, el portavoz del PSOE, José Luis Aceves, destacó que el servicio público de exámenes “se mantenga en el medio rural” y “aporte mayor calidad e igualdad de oportunidades”.

Aceves precisó que el aula destinada a los exámenes teóricos de conducir no tiene por qué ser de uso exclusivo para ello, ni tampoco sus materiales, que pueden compartirse para otros servicios.

Por último, Txema Guijarro, de Sumar, acusó a Clemente de emplear un argumento “un poco forzado” con lo de “yo invito y tú pagas”, y abogó por que el servicio esté “cofinanciado”. “Más si tenemos en cuenta que el Ministerio de Hacienda ha venido financiando los regímenes locales de una manera bastante importante en los últimos años”, concluyó.