La iniciativa, que incorporó una enmienda conjunta del PSOE y Sumar, contó con 19 votos a favor (PSOE, Sumar, Esquerra, Junts, EH Bildu y Podemos), 17 en contra (PP y Vox) y una abstención (PNV).

La proposición de ley partió de las cerca de 100.000 firmas entregadas por Igualdad Animal en octubre de 2024 y que pedían el fin de la alimentación forzada a la que son sometidos patos y gansos para producir foie gras.

Cada año, más de un millón de patos y gansos son alimentados forzosamente en España para que sus hígados crezcan y alcancen un peso hasta 10 veces superior al normal.

Según Igualdad Animal, España es uno de los cinco países de la UE que aún producen foie gras, junto con Bélgica, Bulgaria, Francia y Hungría. Esa práctica está prohibida también en Argentina, Israel, Noruega, Reino Unido, Suiza y Turquía.

Juan Antonio Valero, de Sumar, apuntó que la proposición de ley “no va contra ningún sector, no busca señalar, no busca estigmatizar explotaciones que hoy producen foie gras”, sino, que supone “una oportunidad para el campo español porque así se alinea con las tendencias internacionales y con las expectativas de bienestar animal que hoy ya se consolidan en la legislación y en los propios mercados”.

“Estamos hablando de sufrimiento animal. La alimentación forzada es un procedimiento para producir foie gras que consiste en introducir un tubo de 30 centímetros en el esófago de una oca o de un pato”, comentó Valero, antes de añadir que por ahí se introduce hasta dos kilos de maíz al día, equivalente a unos 12 kilos en una persona normal.

“PROBLEMA ÉTICO”

Daniel Senderos, del PSOE, subrayó que la alimentación forzosa para producir foie gras planeta “un problema ético” cuando hay “suficientes avances técnicos” que permiten explorar “modelos de producción más respetuosos sin renunciar a la calidad ni a la identidad gastronómica”.

Senderos indicó que los socialistas pretenden promover “una transición justa” para que los productores de foie gras apuesten por “métodos alternativos” y “avanzar en un marco regulatorio que refleje la apuesta y el respeto por el bienestar animal, tal y como demanda cada vez más la sociedad española”.

Por su parte, Milagros Marcos, del PP, criticó al PSOE Y Sumar por “ignorar” la “exigente regulación europea de bienestar animal”. “No sé si es ignorancia o muy mala fe la que les lleva a traer esta cantidad de barbaridades actividades carentes del más mínimo rigor técnico”, comentó.

Ricardo Chamorro, de Vox, señaló que la iniciativa pretende “seguir atacando la ganadería española, aunque represente a cientos de familias que viven de esta actividad perfectamente legal y plenamente regulada por normas europeas de bienestar animal, que cumplen absolutamente todas las explotaciones ganaderas de este sector”.

Josep Maria Cruset, de Junts, indicó que “la UE constató hace casi 30 años que la alimentación forzada, tal y como se lleva a cabo a día de hoy, es un maltrato y atenta contra el bienestar de los animales”. “Prohibir la alimentación forzada no debe significar acabar con las explotaciones avícolas. Es necesaria una transición ordenada con la movilización de recursos necesarios”, apostilló.